Los médicos han celebrado la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid, que ayer paralizó el proceso de privatización de seis hospitales puesto en marcha por Javier Fernández-Lasquetty. La Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts) asegura que la decisión judicial supone “el triunfo de la razón y el derecho sobre la obcecación privatizadora del Gobierno de la Comunidad de Madrid” y confían en que sea el “principio del fin” de las externalizaciones pretendidas por la Consejería de Sanidad.
En una nota, Amyts “se felicita por la paralización del proceso de privatización de seis hospitales a instancias de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM)”.
Los médicos recuerdan que las externalizaciones “han concitado el rechazo frontal de la totalidad de los profesionales sanitarios de la región y de un numerosísimo sector de la población, que llegó a respaldar con más de un millón de firmas su oposición a esta expropiación de la Sanidad pública”.
Asimismo, señalan que “el proceso de privatización ya fue suspendido durante quince en el mes de julio tras una petición de medidas cautelarísimas del Partido Socialista. Cuando fueron levantadas dichas medidas, los tribunales advirtieron que se hacia sin perjuicio del resto de los recursos presentados”, que son muy numerosos y sobre lo que están empezando a pronunciarse los juzgados sobre los que han recaído.
“Es motivo de satisfacción que prosperen algunos o varios de ellos, dado que representa el triunfo de la razón y el derecho sobre la obcecación privatizadora del Gobierno de la Comunidad de Madrid, alimentada exclusivamente por su ideología hiperliberal que busca acabar con todo vestigio del Estado de Bienestar”, remarca Amyts.
Por ello, el colectivo confía en que “los distintos Juzgados en los que han recaído por sorteo los diferentes recursos contra los pliegos de la privatización se pronuncien en el mismo sentido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4, y se inicie el principio del fin de este proceso injusto, carente de legalidad, no justificado y al que nos oponemos profesionales, pacientes y ciudadanos en general”.
