La Audiencia Provincial de Sevilla señala que la juez instructora, Mercedes Alaya, «debe apurar y depurar la instrucción» para «completar la investigación» con «el grado de participación que hubiera podido tener la persona aforada», toda vez que corresponde al Tribunal Supremo el tratamiento de las personas protegidas por la condición de aforado.
En un auto en el que ha acordado rebajar de 600.000 a 450.000 euros la fianza al dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, y del que se hace eco Efe, la Audiencia afirma que «el hecho de que en el transcurso de una instrucción judicial pueda haber indicios de la posible participación en los hechos investigados de una persona aforada no implica la automática asunción de la competencia para instruir esos hechos del alto tribunal o del correspondiente Tribunal Superior de Justicia».
Además, destaca que antes de enviar el caso al tribunal superior correspondiente, «nada impediría al aforado que piense que puede quedar involucrado en una investigación judicial salvaguardar su derecho de defensa poniéndose a disposición del Juzgado para declarar».
La juez Alaya investiga la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, gracias a la cual habrían sido financiados numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) carentes de justificación o sin el preceptivo trámite administrativo, así como ayudas directas a empresas o ayuntamientos en su mayoría relacionados con el PSOE, tal y como recuerda Europa Press.
