Los vecinos de Madrid, representados a través de las asociaciones que forman la plataforma Vecinos Madrid Centro, ha emitido un comunicado para manifestar su “más rotunda oposición a la innecesaria y agresiva ordenanza de terrazas que el Partido Popular del ayuntamiento de Madrid ha aprobado en solitario”.
Los vecinos niegan que, como aseguraba el martes la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, se hubiera consultado a los vecinos: “Es absolutamente mentira que se haya tenido en cuenta a los vecinos, de los que no ha sido recogida ni una sola alegación, no han sido convocados a ninguna reunión ni se ha respondido a ninguno de sus escritos”, aseguran desde la plataforma.
Y hacen notar que “la introducción de la ordenanza ni siquiera cita a los vecinos, grandes damnificados de este norma, se limita a citar al paisaje, los consumidores y las instalaciones como prioridades de la norma”.
Para este colectivo vecinal, la nueva ordenanza de las terrazas, aprobada con el rechazo frontal de todos los grupos de la oposición, “es una norma por y para los hosteleros de Madrid, quienes para el ayuntamiento, como está harto demostrado, son una prioridad”.
“La normativa aprobada supondrá regalar el 50% del espacio público a estos comerciantes, a cambio de unas tasas ridículas (10 y 74 euros por metro cuadrado al año, según la calle) en comparación por ejemplo con lo que un particular paga por estacionar su vehículo en la vía pública”, denuncian los vecinos.
Además, la plataforma vecinal califica de “ridícula” la justificación que ha dado el Gobierno de Ana Botella “de que esta ordenanza es necesaria por la ley antitabaco o porque generará una gran riqueza y empleo “y recalca: “No se puede gestionar el interés general siguiendo argumentos tan simplistas como: fumadores/no fumadores, hosteleros/no hosteleros”.
Por lo que advierten que “la consecuencia será, revisando detenidamente la ordenanza, un reducción del espacio público; una incremento del ruido para los residentes próximos a las terrazas, un incremento de la suciedad y de los costes de limpieza, una gran dificultad para la movilidad.
“Todo ello a pesar de que el ayuntamiento sabe que será incapaz de controlar los efectos perversos y la altísima indisciplina para su cumplimento, debido, como el propio ayuntamiento actualmente reconoce, a la falta de recursos para hacerlo”.
Y concluyen que en su opinión “esta ordenanza una agresión a los derechos y a salud de los vecinos de Madrid. El ayuntamiento sabe perfectamente que es imposible que una actividad, catalogada legalmente como molesta, y para la se exigen espacios cerrados, acondicionados y limitación horaria, no produzca efectos perniciosos instalada en la vía pública hasta las 2:30 de la madrugada. Se demuestra que es el propio ayuntamiento, como ya es habitual, el primer incumplidor de sus propias normas”.
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