El juez instructor del ‘caso Bárcenas’, Pablo Ruz, ha preguntado a Hacienda si el Partido Popular y los receptores de sobresueldos en B han cometido “delito fiscal”. El magistrado se ha centrado en las cuentas desde el 2007, ya que los ejercicios anteriores están prescritos.
El auto señala que las cantidades que cobraron los miembros del PP no son lo suficientemente grandes como para ser consideradas como delito fiscal. Por eso, Ruz ha centrado su atención en el arquitecto que hizo la sede del partido en Génova, Gonzalo Urquijo, y a la empresa a la que estaba vinculado Unifica Servicios Integrales SL, según una información de Europa Press.
Este arquitecto realizó la reforma de la sede de Génova entre los años 2006 y 2008 y aparece en los ‘papeles’ del extesorero como preceptor de un total de 637.000 euros en tres pagos realizados en los citados ejercicios.
Además, Ruz ha solicitado otro informe a la Intervención General del Estado para que estudie la contabilidad B del partido ofrecida por el excontable y las adjudicaciones de contratos públicos a las empresas donantes para averiguar si existe un delito de cohecho.
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