Javier Fernández-Lasquetty ha dicho, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid, que el aval que el Gobierno regional exige a las empresas en el concurso de privatización de la gestión de seis hospitales es “suficiente” para preservar la calidad del servicio en caso de que hubiese alguna incidencia. La Comunidad modificó los pliegos unos días antes del fin del plazo para presentar ofertas y pasó de exigir una garantía del 5% de la adjudicación total del contrato a un 5% del importe correspondiente al primer año.
En la práctica, la decisión del consejero de Sanidad se traduce en una reducción del 90% del importe, puesto que la concesión se había fijado por 10 años. Es decir, se pasó de exigir 200 millones de euros a las adjudicatarias a solo 28 millones.
Precisamente esta medida adoptada por la Comunidad de Madrid apenas cuatro días antes de que acabase el plazo para presentar ofertas fue la que motivó el recurso del PSM ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que derivó en la suspensión cautelar de la privatización de hospitales.
El TSJM decidió aceptar la petición de los socialistas madrileños y paralizar de forma inmediata la adjudicación de seis hospitales a Sanitas, HIMA San Pablo y el consorcio formado por Ribera Salud, OHL y El Corte Inglés. La demanda del PSM se centraba en la modificación de última hora que hizo la Consejería de Sanidad en las condiciones de los contratos.
Críticas al PSM
El consejero de Sanidad ha aprovechado su comparecencia para criticar a los grupos de la oposición que la última vez que habló del proceso privatizador se levantasen y se fuesen. Lo hicieron en protesta por haber recibido la información horas antes y no haber podido analizarla.
Aunque sus mayores ‘ataques’ estaban dirigidos al PSM, al que ha acusado de aliarse con sindicatos “extraordinariamente radicalizados” para tratar de frenar el proceso de externalización. Lasquetty ha recriminado a los socialistas haber cometido el “error garrafal” de oponerse a las privatizaciones vendiendo el “engaño” y la “mentira” de que esta fórmula supone el “Apocalipsis” del desmantelamiento del sistema.
En su opinión, se trata de una estrategia para “obstaculizar” las medidas de sostenibilidad emprendidas por el Gobierno autonómico y “boicotear” el proceso, lo que ha derivado en una “acción directa” de “presionar a las empresas” que optaban al concurso con “tono amenazante”. El PSM envió un burofax a las posibles adjudicatarias advirtiendo que revertiría las privatizaciones en cuanto llegase al poder.
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