El Ayuntamiento de Toledo que encabeza el socialista Emiliano García Page ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien la posibilidad de personarse en la investigación del ‘caso Gürtel’ que lleva a cabo el juez Pablo Ruz ante las últimas revelaciones de Luis Bárcenas. En concreto, el gobierno local da este paso tras el supuesto pago al PP de Castilla-La Mancha que lidera María Dolores de Cospedal de una comisión de 200.000 euros a cambio de una contrata de limpieza en Toledo.
Según aseguró ayer el portavoz municipal, Rafael Perezagua, en una rueda de prensa, el ayuntamiento está preocupado por unas noticias sobre el extesorero del PP que sitúan a esta ciudad “en el mapa de la presunta financiación irregular” del partido, tal y como asegura el consistorio en una nota. Por ello, si se confirma “la mordida de 200.000 euros” que supuestamente cobró el PP de Castilla-La Mancha, “vamos a reclamar que se reintegre a las arcas municipales”, señaló Perezagua.
Asimismo, el portavoz destacó las “singularidades” que contiene el contrato sobre la adjudicación realizada a la empresa Sufi, filial de Sacyr, en enero de 2007 si se compara con otros contratos municipales del mismo volumen.
Entre estas “singularidades”, según remarcó el concejal de Gestión de los Servicios del Ayuntamiento de Toledo, Gabriel González, aparece que la valoración de las ofertas no fue realizada por los técnicos municipales, sino por una empresa externa, un trámite “legal, pero inusual” que no se ha vuelto a aplicar. Asimismo, tampoco recoge el informe del economista municipal, que es el encargado de realizar el seguimiento del cumplimiento del servicio, tal y como explicó González.
El concejal de Gestión de los Servicios también destacó que el mencionado contrato se firmó sin que se hubiera renovado el convenio laboral, lo que produjo un conflicto con los trabajadores que el Gobierno local del PP resolvió con la firma de un documento “sin trámite administrativo”. Algo que ha provocado “que, desde entonces, el Ayuntamiento haya tenido que asumir un sobrecoste de 600.000 euros que estamos pagando todos los toledanos”.
