El PSOE e Izquierda Unida han sacado la artillería pesada en su ofensiva contra el Gobierno por el ‘caso Bárcenas’. Ambas formaciones piden ya sin rodeos la dimisión inmediata de Mariano Rajoy después de que se hayan filtrado conversaciones entre el líder del Ejecutivo y el extesorero popular incluso después de que saliesen a la luz sus supuestas prácticas delictivas.
Al término de una reunión de urgencia de la dirección socialista convocada este domingo, Alfredo Pérez Rubalcaba ha asegurado que Rajoy ha mentido a los ciudadanos y está incapacitado para seguir «un minuto más» al frente del Gobierno. En su opinión, su permanencia supondría «un daño incalculable» para un país que «está en vilo» mientras se debate por esquivar la crisis económica. Tras las últimas novedades del caso aportadas hoy por el diario El Mundo, el líder del PSOE considera que se ha llegado a un punto de no retorno que hace necesaria una acción en bloque de los grupos políticos en caso de que el PP permanezca impasible.
Ya a la entrada del encuentro mantenido en la sede socialista de Ferraz, la número dos del partido, Elena Valenciano, calificaba la situación desencadenada esta mañana como de «extrema gravedad». En esta misma línea, Rubalcaba ha afirmado que lo que demuestran las conversaciones entre Bárcenas y Rajoy es una «intolerable connivencia» con el extesorero al que algunos diputados populares han llegado a calificar esta semana de «delincuente» sin paliativos de ningún tipo. Por este motivo, Rubalcaba ha anunciado también la ruptura «de todas las relaciones» con el PP.
La falta de explicaciones que ya desde la semana pasada el diputado Odón Elorza esgrimía para potenciar una posible moción de censura contra el presidente de Gobierno se ha convertido en el blanco de las críticas de Izquierda Unida (IU). Su portavoz en el Congreso, el comunista José Luis Centella, ha pedido que este mismo lunes Rajoy presente su dimisión, disuelva las Cortes y convoque elecciones anticipadas. En su opinión, no puede mantenerse en el cargo cuando todo apunta a que está «más pendiente» de la cárcel que del Parlamento.
Génova se defiende del «chantaje»
Mientras tanto, fuentes del Palacio de la Moncloa han enmarcado la filtración de los SMS al diario El Mundo en la estrategia de Bárcenas de chantajear al Ejecutivo y al PP con el fin de evitar la acción de la Justicia y proteger su sospechosa fortuna en Suiza. Prueba de ello, han apuntando, es que el exsenador popular guardase en su móvil conversaciones de hace cuatro años, como es el caso de varios de los mensaje de texto publicados hoy.
Rajoy, que mantendrá su agenda sin cambios según Génova, no ha protagonizado intervención alguna para defenderse de estas acusaciones. En su lugar, Carlos Floriano, vicesecretario de organización del PP, ha defendido desde Jerez que mientras «Bárcenas está traicionando y engañando a todo el mundo, los ciudadanos valorarán que tienen un presidente que no cede a chantajes». Un argumento que apoya en el hecho de que el extesorero esté en la cárcel, de donde saldrá mañana mismo para comparecer ante el juez Pablo Ruz y tratar de explicar el origen de su multimillonaria fortuna en Suiza. Ha sentenciado que además en el PP «no hay nada que ocultar».
El tono con el que se han acogido las novedades del caso en las distintas formaciones políticas no es uniforme. Desde ERC, su portavoz Alfred Bosch ha instado a que sea la «gente buena» del PP la que promueva una moción de censura contra Rajoy para dotar de transparencia al partido. Mientras tanto Josep Antoni Duran i Lleida, de CiU, ha reconocido: «Me fío más de Rajoy que de Bárcenas». Aunque ha reconocido que no le convence la gestión de la situación por parte del líder del Ejecutivo, ha restado veracidad a los movimientos del imputado por la Audiencia Nacional.
Desde la bancada de UPyD, su portavoz Rosa Díez ya remitía ayer una carta a todos los grupos políticos del Congreso -con las excepciones de Amaiur y PP- pidiendo su apoyo para una moción de censura que obligue al presidente de Gobierno a «rendir cuentas» por el caso del extesorero. Los ataques de la oposición, además, se han trasladado no sólo a Mariano Rajoy, sino a otras personalidades de la bancada popular como la secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal, que podría ser citada como testigo para declarar ante el juez.
