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Los jóvenes de IU llaman a concentrarse ante Génova tras la suspensión del decreto anti-desahucios andaluz

IU ha acordado dar una respuesta a la decisión del Constitucional de paralizar el decreto anti-desahucios impulsado por la Junta de Andalucía. El alto tribunal tomó esta decisión tras presentar el recurso presentado por el Gobierno, por lo que los jóvenes de la formación han convocado esta tarde una protesta frente a la sede del PP en la madrileña calle Génova.

“El Tribunal Constitucional, a petición del Gobierno del PP, ha paralizado el decreto anti-desahucios de Andalucía. Todos a Génova a defender el derecho a la vivienda: viernes 12 de julio a las 20 horas”. Este es el texto con el que el área de juventud de IU ha convocado la protesta, que circula en las redes sociales bajo el hashtag #ViviendaPorDerecho.

La acción frente a la sede del PP en Madrid se producirá apenas unas horas después de las numerosas movilizaciones que han protagonizado IU y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) esta misma mañana por toda Andalucía. Estos colectivos se han concentrado frente a las subdelegaciones del Gobierno en todas las provincias de la región y han asegurado que “durante todo lo que dure la deliberación del Tribunal Constitucional estaremos en la calle, defendiendo la función social de la vivienda”.

Unos actos en los que además se ha leído un manifiesto contra el recurso del Ejecutivo de Rajoy y en defensa del derecho a la vivienda. Según ha indicado Antonio Maíllo, coordinador general de IU Andalucía, en la concentración de Cádiz, “este decreto se recurre porque les da miedo que demos el debate de la función social de la propiedad privada”. “En el Sur no nos resignamos” y seguiremos luchando, ha afirmado.

Por su parte, la consejera de Vivienda andaluza, Elena Cortés, ha participado en la protesta de Sevilla contra “el recurso de la vergüenza” que ha presentado el PP. Precisamente, la responsable defendió ayer que el decreto anti-desahucios aún “tiene mucho futuro”. En su opinión, la normativa por la que se buscaba expropiar inmuebles no ocupados propiedad de entidades financieras tiene un firme “anclaje constitucional” y seguirá su trámite parlamentario.

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