La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el expresidente del Gobierno, José María Aznar, sea citado a declarar por el juez Ruz en calidad de testigo en el marco de la investigación de los presuntos sobresueldos en el PP y la supuesta contabilidad B en el partido. Al frente de Anticorrupción se encuentra Antonio Romeral Moraleda, un cargo que ocupa desde 2000 tras ser propuesto por el Ministerio de Justicia, que dirigía en ese momento Ángel Acebes.
La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, pidió que el exjefe del Ejecutivo explicara en sede judicial si autorizó las cantidades percibidas por el exconsejero navarro Calixto Ayesa, como declaró en sede judicial el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo.
Así constaba en un escrito, en el que la asociación de letrados solicitaba que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogue a Aznar para que aclare si las anotaciones de 1,53 millones de pesetas (9.195,49 euros) que los ‘papeles de Bárcenas’ registran entre abril y agosto de 1990 con «JM» como beneficiario corresponden a su persona.
Sin embargo, el Ministerio Público considera que la declaración del expresidente del Gobierno no es “ni útil ni necesaria” para la investigación y que los pagos reflejados en los ‘papeles de Bárcenas’ a nombre de las iniciales “J.M” no pueden ser atribuidos al presidente y que, en cualquier caso, habrían prescrito y no podrían ser perseguidos.
