La ‘defensa’ a ultranza del Estado de Derecho que, según el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha realizado en los últimos tiempos la Fiscalía ha desconcertado a muchos miembros de la judicatura y a buena parte de la población.
La misma noche en que el expresidente de Caja Madrid abandonaba la cárcel, 24 horas después de que la Audiencia Provincial anulara el caso, Gallardón hacía unas declaraciones sorprendentes para muchos. Cuando menos.
Según el ministro, lo sucedido debería tranquilizar a los españoles que, a partir de ahora, saben que en España existe la garantía de que cualquier investigación sobre cualquier conducta presuntamente delictiva se “realiza con todas las garantías procesales”.
Pero la opinión del ministro no es compartida por muchos jueces. No sólo por el ya famoso juez Silva que, finalmente, tuvo que excarcelar a Blesa. También por otros como José Castro que parece decidido a seguir adelante con su investigación del ‘caso Nóos’, por mucho que la Fiscalía trate de frenarle.
Sin embargo, algunos expertos judiciales creen que con estas actuaciones el Ministerio Público trata simplemente de asegurarse de que no haya ‘instrucciones viciadas’ que terminen con la nulidad de los procesos. Y defienden la limpieza y la falta de intenciones políticas de la acción de la Fiscalía.
Pero, si esto fuera así: ¿por qué en el ‘caso Blesa’, por ejemplo, se ha buscado directamente el sobreseimiento del sumario? Una pregunta que flota en el ambiente y que algunos movimientos sociales, como los Afectados por las Preferentes, esperan ver contestada.
Sobre todo porque no acaban de entender que el Fiscal General del Estado en persona, ese simpático cinéfilo llamado Eduardo Torres Dulce, esté absolutamente convencido de que nadie en Bankia cometió delito alguno cuando se realizó la colocación de estos complicados productos híbridos entre los desprotegidos inversores minoristas.
Y suma y sigue, no parece pasar un día sin que los fiscales se marquen una actuación que parece emparentarles más con los abogados defensores de determinadas figuras políticas y financieros que con el papel de defensa de los intereses generales que se le supone al Ministerio Público.
Al cierre de esta edición, por ejemplo, el último caso conocido de esta imparable tendencia era un informe de la Fiscalía que consideraba innecesario que el ex presidente del Gobierno y del PP José María Aznar declare en la investigación de los presuntos ‘sobresueldos’ que se abonaron en esta formación política cuando él era su máximo responsable. Pero, quizá cuando ustedes lean esto, haya otros nuevos ejemplos de esta singular tendencia.
