Las empresas que han pujado en el concurso abierto por Javier Fernández-Lasquetty para externalizar la gestión de seis hospitales están tranquilas y se muestran confiadas en que este proceso siga su curso, todo ello a pesar de la imputación de los exconsejeros de Sanidad madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes por ser los promotores de las primeras privatizaciones de hospitales en la región.
Según han indicado fuentes del sector sanitario a EL BOLETÍN, “se trata de procesos distintos y no tienen nada que ver”, por lo que las compañías que han pujado en el proceso que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid creen que todo seguirá “según lo previsto”.
Una tranquilidad que sorprende, sobre todo en el caso de Ribera Salud, que ha sido imputada junto a Lamela y Güemes en este proceso ya que fue adjudicataria de uno de los primeros hospitales de colaboración público-privada en la región, el de Torrejón, aunque recientemente vendió su participación a Sanitas. Esta empresa, aseguradora de Bankia y el Sabadell, ha formado un consorcio junto a Ingesan (concesionaria de servicios de OHL) y la compañía Iecisa (El Corte Inglés) para tratar de hacerse con los hospitales Infanta Leonor de Vallecas y el del Sureste, ubicado en Arganda del Rey.
Aunque no ha sido la única imputada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la región tras admitir a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que apreciaba irregularidades en el proceso impulsado por la expresidenta del Ejecutivo autonómico, Esperanza Aguirre. Además de Lamela, Güemes y Ribera Salud, también tendrán que responder ante el juez Marcelino Sexmero, el mismo que archivó la denuncia por el ‘escrache’ frente a la casa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente o consejero delegado de Capio (ahora IDC Salud), el presidente o consejero de Unilabs y el presidente o consejero de Asisa.
Por parte del Gobierno regional, han sido imputados también el actual director general de Hospitales, Antonio Burgueño, quien ha ideado el proceso de externalización de hospitales de Lasquetty, y la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), Patricia Flores, entonces directora general de Atención Primaria.
En un auto fechado ayer, el magistrado acordó admitir a trámite la querella presentada por los médicos por la comisión de supuestos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de causales públicos.
Marcelino Sexmero expone que la querella denuncia supuestas irregularidades del SERMAS en “el concierto para asistencia sanitaria suscrito con la UTE-FJD (Grupo Capio), en la vinculación de excargos y cargos políticos con empresas privadas concesionarias o participes en la gestión sanitaria, en la negligencia en el control del gasto público y la facturación intercentros, la derivación del paciente a través del denominado Call Center y la vulneración de los derechos de los pacientes protegidos por la Ley 6/2009 de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Ley 41/02 reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones”.
Y añade que los hechos “se resumen en el contexto de la actuación de la Administración autonómica en la Gestión de la Sanidad Pública, en la que según los querellantes se ha producido dentro de una gran opacidad y falta de información un incremento en el gasto la asistencia sanitaria con medios ajenos a la vez que un progresivo descenso en el gasto en la cartera sanitaria pública”.
El bufete López Rodó & Cruz Ferrer, que representa a la AFEM, interpuso la querella a finales de mayo al apreciar irregularidades en la gestión de los hospitales de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz, y el Juzgado abrió diligencias para investigar este asunto al considerar que los hechos denunciados “hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Una acción que los médicos dirigieron contra Capio y Ribera Salud, y también contra los exconsejeros de Sanidad madrileños Manuel Lamela y Juan José Güemes, que fueron quienes llevaron a cabo las concesiones, al considerar que podían estar relacionados con varios delitos, entre ellos malversación de fondos públicos, cohecho y prevaricación. Adjuntaron un DVD que contenía todo tipo de pruebas que, a su parecer, dejan claro que esas privatizaciones “beneficiaron los intereses de empresas privadas, en detrimento del sistema público”.
