La subasta que este miércoles se ha celebrado en la Audiencia Nacional de una finca del ex presidente de Banesto Mario Conde, situada en Castilblanco de los Arroyos (Sevilla) y con un precio de salida de 2,6 millones de euros, ha quedado desierta después de que no se haya presentado ningún interesado en pujar por ella.
Se da la casualidad de que ayer Mario Conde fue noticia por permitir el paso a miembros del sindicato de Sánchez Gordillo que pretendían ocupar ‘simbólicamente’ otra de las fincas sevillanas que le han sido embargadas al ex banquero.
Además, para más inri, Conde participó horas después en un debate televisivo en Interconomía con Diego Cañamero, el portavoz de dicho sindicato y mano derecha de Sánchez Gordillo.
Sobre la subasta de hoy fuentes jurídicas han informado a Efe que al acto sólo han asistido el abogado de la parte ejecutante, el Banco Santander, y el letrado de la empresa titular de la finca El Cuarto del Rincón, situada en Castilblanco de los Arroyos.
Según las mismas fuentes, al no haber postor, la parte ejecutante podría haber solicitado la adjudicación de la finca, algo que no ha hecho, por lo que la Audiencia Nacional le ha dado un plazo de 20 días para que decida si la solicita por un 70% del precio de salida, que es de 2.652.617,92 euros.
El Cuarto del Rincón, de 399 hectáreas, le fue embargada a Conde para hacer frente a su responsabilidad patrimonial en ejecución de la condena a 20 años de prisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2002 por el caso Banesto.
Conde fue condenado el 31 de marzo de 2000 por la Audiencia Nacional a diez años y dos meses de prisión por apropiación indebida, estafa y falsedad, y el 29 de julio de 2002 el Tribunal Supremo aumentó esa pena.
A principios de julio de 2002, antes de la sentencia del Supremo, el entorno del ex banquero procedió a la enajenación de las fincas y a partir de entonces una sociedad luxemburguesa figuraba como propietaria de las mismas, motivo por el que el Registro de la Propiedad no había procedido a anotar el embargo judicial.
El pasado mes de octubre, la Audiencia Nacional ordenó el decomiso de ésta y otras cuatro fincas, tres de ellas en Baleares y la otra -La Hacienda de Melonares Bajo- en la capital andaluza.
Los bienes seguían siendo utilizados por el entorno familiar del ex banquero, manteniendo los mismos empleados y con los gastos domiciliados en las cuentas bancarias vinculadas a la familia de Mario Conde.
La sección primera de la Audiencia Nacional afirmó al ejecutar los embargos que «en sentencia ya quedó probado que el dinero empleado en la adquisición de esas fincas tiene su origen en las cantidades objeto de la apropiación indebida que motivó la condena».
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