El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no puede llegar al próximo Consejo Europeo, sin haber enunciado la reforma radical de la Administración que se propone emprender. Pero antes de entrar de verdad en materia necesita tener apoyos entre los altos funcionarios. Antonio Beteta es el hombre elegido para la tarea.
El secretario de Estado de Administraciones públicas aprovechó unas jornadas organizadas por CSI-F, el sindicato profesional de los funcionarios, para dibujar algunas de las claves de la reforma que pretende llevar a cabo Rajoy.
Según Beteta, el cuerpo legislativo de los cambios se basará en una nueva ley de la función pública del Estado y un estatuto del directivo público y entre ambas se conformará un nuevo régimen jurídico que dará seguridad a este colectivo esencial al precisar todos los ámbitos correspondientes a la relación entre los directivos públicos y la Administración.
El secretario de Estado ha asegurado que se trata de sacar a los altos funcionarios del limbo legal en el que están ahora, a pesar de que en estos profesionales se concentra la “materia gris” de la Administración Pública.
En definitiva, Beteta, que no ha hecho ninguna referencia a posibles planes de ‘adelgazamiento’ del Estado, defiende que el Gobierno de Rajoy lo que va a hacer es “potenciar la figura de los empleados públicos”, para que sean la base de la modernización y la reforma de la Administración.
La actuación de Beteta ha sido el ‘pistoletazo’ de salida de una campaña en la que el Gobierno va a emplearse a fondo durante toda la semana. Desde el propio Rajoy que presentará las líneas generales, a varios ministros que el jueves participarán en unas jornadas sobre el tema.
Luego, el viernes, el Consejo de Ministros se hará cargo del informe redactado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, otro grupo de sabios que, según fuentes cercanas al Ejecutivo citadas por la Agencia Efe, ha realizado una “auditoría en toda regla” del estado actual de las estructuras.
