El caso Blesa

Una afectada por las preferentes recibe a Blesa en prisión: “¡Ladrón, púdrete en la cárcel!”

El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, volvió anoche a la prisión de Soto del Real. A pesar de llegar en mitad de la noche cerrada y en un discreto furgón policial, allí había una afectada por las participaciones preferentes de la desaparecida entidad para recibirle. “¡Ladrón, púdrete en la cárcel, púdrete!”. Con estas duras palabras ingresó en la cárcel el banquero.

A la salida de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla eran muchos los preferentistas que despedían entre una gran algarabía a Miguel Blesa. Sin embargo, a la puerta de la prisión el número de protestantes era mucho más reducido. En unas grabaciones de La Sexta se pueden escuchar los deseos que una de las afectadas deja al banquero. “Púdrete por todos a los que has dejado muriéndose de hambre aquí fuera”, le espetó a voz en grito la mujer -de nombre María Luisa- al paso del furgón.

“En la cárcel es donde tienes que estar; y no los jubilados a los que has estafado”, terminó de despacharse la afectada. Dura bienvenida en su vuelta a una prisión donde hace sólo tres semanas Blesa ya pasó 19 horas acusado de posibles irregularidades en la operación de compra del City National Bank de Florida cuando presidía Caja Madrid. Entonces pagó la pertinente fianza, ahora no existe ya esta posibilidad.

María Luisa ha explicado después, en el espacio ‘Más vale tarde’ de la misma cadena, que para ella “ha supuesto una terapia” ver a Blesa entrar en la prisión. Además, ha afirmado que “si no estoy muerta o en la cárcel por no pagar lo que debo” allí estará el día en el que el banquero salga del penal de Soto del Real.

El juez Elpido José Silva estudia la posibilidad de que Blesa se hubiera ‘autoconcedido’ un crédito de 100 millones de dólares (76 millones de euros) poco antes de que la caja madrileña adquiriese el banco floridano. El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha tenido en cuenta un informe de la policía judicial de la Guardia Civil. Sin embargo, lo determinante para la decisión judicial ha sido evitar la destrucción de pruebas inculpatorias.

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