El Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid ha decretado en un auto la apertura de diligencias previas para dilucidar si existen infracciones penales en relación a los tres hospitales de la región cuya gestión está privatizada (el Infanta Elena de Valdemoro, el Rey Juan Carlos de Móstoles, y el Hospital de Torrejón de Ardoz). La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ya había adelantado previamente esta decisión.
El juzgado lo ha detallado así basándose en un escrito presentado por este sindicato médico. Según recoge Europa Press, el tribunal da cuenta de su incoación de esta medida al Ministerio Fiscal y decreta que se practiquen diligencias previas. También se da un plazo de diez días para que el querellante, la AFEM, ratifique el escrito presentado.
Este asunto, según la portavoz de esta asociación, Fátima Brañas, está “sub iudice”, por lo que quieren “respetar el curso de las investigaciones, sin facilitar de momento mayor información. Confiamos plenamente en la justicia”, ha aseverado Brañas en un comunicado remitido esta mañana por la AFEM.
Nota en la que los médicos también anunciaban que hoy mismo presentarán un recurso contencioso-administrativo contra el pliego de condiciones elaborado por la Consejería de Sanidad para la externalización de la gestión de seis hospitales, en el que reclaman al juez la “suspensión cautelar del proceso de licitación de las empresas adjudicatarias”.
El colectivo de facultativos especialistas ha incidido en que las nuevas privatizaciones de hospitales “no sólo no van a suponer un ahorro sino que van a salir más caras a los madrileños, porque no aseguran la mayor calidad real posible en la atención a los pacientes y además vulneran normas desde el punto de vista legal y se producen irregularidades que pudieran ser constitutivas de supuestos delitos”.
“Al consejero de Sanidad los argumentos de no ahorro y de poner en riesgo la mayor calidad de la atención al paciente posible no le han resultado suficientes para replantearse su descabellado plan. Tampoco la voz unánime de los profesionales sanitarios y las sociedades científicas ni el clamor de más de un millón de ciudadanos madrileños. Sólo nos queda confiar en la justicia, y confiamos”, ha concretado Brañas.
