Las privatizaciones sanitarias ideadas por Ignacio González llega definitivamente a los tribunales. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) presenta hoy un recurso contencioso-administrativo contra el pliego de condiciones elaborado por la Consejería de Sanidad para la externalización de la gestión de seis hospitales, en el que reclaman al juez la “suspensión cautelar del proceso de licitación de las empresas adjudicatarias”.
La AFEM ha revelado hoy lo que, en su opinión, es un “importante avance en a lucha contra la privatización de la gestión sanitaria que quiere llevar a cabo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid”. No sólo porque hoy es el día en que los médicos presentarán ante los tribunales el recurso contra los pliegos para externalizar la gestión de los Hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), Hospital del Sureste (Arganda del Rey) y Hospital del Tajo (Aranjuez).
También porque, según indican, un Juzgado de Instrucción de Madrid ha “inciado diligencias previas” en relación con el escrito presentado por AFEM en el que “se ponen de relieve irregularidades que pudieran ser constitutivas de supuestos delitos”. Dichas diligencias previas, dice el colectivo, “se refieren a la gestión de adjudicatarios y de la Consejería de Sanidad en los tres hospitales externalizados hasta la fecha” (Valdemoro, Torrejón y Rey Juan Carlos).
“Al estar sub iudice el asunto, debemos respetar el curso de las investigaciones, sin facilitar, de momento mayor información. Confiamos plenamente en la justicia” afirma Fátima Brañas, portavoz de AFEM.
El colectivo de facultativos especialistas vuelve a incidir en que las nuevas privatizaciones de hospitales “no sólo no van a suponer un ahorro sino que van a salir más caras a los madrileños, porque no aseguran la mayor calidad real posible en la atención a los pacientes y además vulneran normas desde el punto de vista legal y se producen irregularidades que pudieran ser constitutivas de supuestos delitos”.
“Al consejero de Sanidad los argumentos de no ahorro y de poner en riesgo la mayor calidad de la atención al paciente posible no le han resultado suficientes para replantearse su descabellado plan. Tampoco la voz unánime de los profesionales sanitarios y las sociedades científicas ni el clamor de más de un millón de ciudadanos madrileños. Sólo nos queda confiar en la justicia, y confiamos”, ha concretado Brañas.
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