El Gobierno tiene un nuevo as en la manga para acabar con el ‘botellón’: multar a los padres de los menores alcoholizados. Sin embargo, la iniciativa no es tan novedosa. En realidad es una vuelta de tuerca más a una ley que en 2011 aprobó en la Comunidad de Madrid su entonces presidenta, Esperanza Aguirre, por la que los padres debían hacerse cargo de los daños al mobiliario urbano causados por sus hijos.
Si el equipo de Rajoy debate ahora la conveniencia de multar a los padres de menores que acudan a centros médicos con intoxicaciones etílicas en más de una ocasión, en la Comunidad de Madrid una normativa similar está vigente desde que hace dos años fue aprobada por el equipo de Aguirre. La entonces presidenta regional impuso una ley por la que los progenitores debían hacerse cargo de los daños o gastos de limpieza ocasionados que los jóvenes reunidos en torno a los conocidos ‘botellones’.
Las explicaciones del Gobierno en torno a esta iniciativa apuntan a que la ingesta de alcohol por un menor puede considerarse dejación de la tutela efectiva. Sin embargo, observadores políticos apuntan a una causa más profunda: el efecto que una iniciativa similar -en la que precisamente se inspiró la propia Esperanza Aguirre- tuvo en el País Vasco. Allí hace años se impuso una ley por la que los padres debían hacerse cargo de los destrozos causados por las pandillas de la llamada ‘kale borroka’.
El responsable de lanzar esta idea en una suerte de globo sonda ha sido Francisco Babín, delegado del Plan Nacional sobre Drogas. Lo ha hecho en el acto de estreno de la nueva campaña ‘Los que no’ que precisamente intenta prevenir el consumo de alcohol en edades tempranas. Este licenciado en Medicina ha apuntado que incluso podría considerarse “maltrato” el que algunos padres consientan reiteradas intoxicaciones etílicas a hijos menores en su propio domicilio.
Aunque Babín ha destacado que se busca una ley de consenso al respecto y que, por tanto, el Gobierno tendrá que sentarse a hablar con las distintas fuerzas políticas y los actores sociales implicados, el guion viene marcado por Esperanza Aguirre. En su momento, para justificar la ley madrileña apeló a que “cuando la kale borroka quemaba contenedores y autobuses se responsabilizó a los padres de lo que hacían sus hijos” y las acciones dañinas disminuyeron “de una manera drástica y en algunos casos, como en Navarra, desaparecieron”.
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