Un cordón policial ante la sede del PP en Génova 13 ha evitado que un grupo de afectados por las preferentes llevara a cabo una manifestación espontánea, cuya convocatoria se ha extendido por las redes sociales.
Los primeros movimientos se detectaron cuando se supo que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, que incluya en la causa en la que investiga la salida a Bolsa de la entidad, el posible fraude a clientes particulares que compraron participaciones preferentes.
En el auto de los magistrados Alfonso Guevara, Clara Bayarri y Guillermo Ruiz Polanco se insta a Andreu a admitir a trámite en la causa la querella de la empresa Bochner España contra Bancaja y el director de su sucursal en Alberic, que les ‘vendió’ 100.000 euros en este producto.
Según los magistrados de la sección tercera, la colocación entre clientes de las participaciones preferentes se hizo para recapitalizar a una entidades financieras con serios problemas. Y se hizo ante «ante la imposibilidad de las cajas de acudir a los mercados financieros”.
Los gestores de las cajas que comercializaron el producto, no tuvieron en cuenta, en opinión de los componentes de la Sala Tercera, los problemas que podrían ocasionar a sus clientes más débiles y, en especial, a los pensionistas.
Para los impulsores del movimiento de afectados esta decisión de la Audiencia Nacional es una clara victoria de la presión popular que les permite, en parte, superar el mal sabor de boca que les dejó la decisión del PP de votar en el Congreso contra una propuesta de la oposición que abogaba por devolver el dinero a los ahorradores ‘estafados’.
