El PP promoverá en el Parlament una moción sobre inmigración en la que, entre otros aspectos, insta al Gobierno catalán a restringir algunas ayudas sociales a aquellos inmigrantes que lleven «poco tiempo» –no concreta cuanto– empadronados en Cataluña.
El texto, al que ha tenido acceso Europa Press y que es consecuencia de la interpelación que hizo este miércoles el diputado Rafa López a la consejera de Bienestar Social, Neus Munté, emplaza al Ejecutivo catalán a modificar los requisitos para acceder a «determinadas ayudas sociales».
Pese a que no concreta a que ayudas se refiere, la moción reclama que se exija la residencia legal para poder acceder a las prestaciones, así como que se amplíen los años de empadronamiento para tener derecho a recibirlas.
«Es injusto que en una época de recortes generalizados como está llevando a cabo la Generalitat se estén dando ayudas a personas que se encuentran en situación irregular y que llevan poco tiempo entre nosotros, y, a la vez, se estén retirando a ciudadanos que han trabajado y cotizado toda la vida», argumenta la moción.
En la campaña de las últimas elecciones autonómicas, la líder del partido, Alicia Sánchez-Camacho, ya planteó limitar las ayudas no básicas a aquellos inmigrantes que no lleven al menos 18 meses residiendo legalmente en Cataluña.
Precisamente la dirigente popular hizo este anuncio durante una visita a Badalona (Barcelona), donde el alcalde, Xavier García Albiol (PP), trabaja en un reglamento para reducir el acceso a las ayudas sociales «no básicas», aunque en su caso la restricción se elevaría a todas aquellas personas que no lleven al menos cinco años en la ciudad.
La moción, que recoge la gran mayoría de promesas electorales que el PP catalán ha hecho en los últimos años, insta al Gobierno autonómico a promover que los ayuntamientos comuniquen a las Brigadas Provinciales de Extranjería la situación de estancia ilegal de aquellos inmigrantes irregulares que se empadronen.
Además, el PP apuesta por un mayor control en la inscripción de los inmigrantes en el padrón, de forma que deban presentar el pasaporte o la autorización de residencia para tener «las máximas garantías de legalidad y seguridad jurídica».
Otra de las promesas electorales que los populares recuperan en esta moción es el contrato de integración en el que los inmigrantes se comprometan a respetar las leyes y a hacer lo posible por integrarse, una propuesta que el Parlament ya rechazó en 2011.
La moción apremia también al Ejecutivo a «establecer claramente» la prohibición del uso del velo en las escuelas a menores de 16 años, además de a hacer las gestiones necesarias para prohibir el uso del burka y el niqab, una propuesta que el partido ya ha llevado sin éxito al Parlament en mociones anteriores.
La extensa propuesta del PP –de seis páginas cuando lo habitual es que las mociones ocupen un máximo de dos– pide también que la Generalitat aporte a los ayuntamientos las herramientas necesarias para luchar contra los guetos, los asentamientos ilegales y los problemas de convivencia que puedan generar.
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