CCOO ha acusado a Ignacio González de gastar más de 2,1 millones de euros en contratar a 111 personas por el procedimiento de libre designación, es decir, como asesores de la Comunidad de Madrid, mientras sigue con su política de privatizaciones, despidos y amortización de puestos de trabajo.
Según explica el sindicato en una nota de prensa, “el Gobierno regional ha convocado desde el 1 de enero y hasta el 13 de mayo, por el procedimiento de la libre designación, un total de 111 puestos de trabajo de personal funcionario”. El coste de estos asesores, sólo en concepto de Complemento Específico, “asciende a casi 2.100.000 euros en menos de cinco meses, cantidad a la que habría que añadir las retribuciones básicas y las del Nivel de Complemento de Destino”.
Una medida que para CCOO tiene “consecuencias graves y evidentes”, sobre todo porque con el presupuesto destinado a estos puestos ‘a dedo’ “se podrían contratar decenas de trabajadores de atención directa a la ciudadanía”.
La organización se queja de que “al personal funcionario de la Comunidad se le priva de su derecho a la carrera profesional y administrativa al impedirles acceder en condiciones de igualdad, mérito y capacidad a unos puestos que, ni por asomo, tienen un perfil tan específico como para justificar el recurso a la libre designación. Y para el conjunto de la ciudadanía el resultado de esta política es una Administración falta de imparcialidad e independencia”, asevera en el comunicado.
Algo que ocurre “mientras que los recortes presupuestarios se traducen en amortización de puestos, despido de personal interino, disminución de plantillas, la externalización de servicios y la falta de convocatorias de Ofertas de Empleo Público, hechos todos ellos que repercuten en la calidad de los servicios públicos y en la atención que se presta a la ciudadanía”, concluye el sindicato.
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