El presidente madrileño ha tenido una semana ‘horribilis’ después de haberse conocido que el Gobierno de Esperanza Aguirre e Ignacio González dio más de seis millones de euros a la ‘trama Gürtel’ y de que la oposición le haya acorralado para que dé explicaciones también sobre el ático que compró en Marbella sin imponer “vetos”.
El miércoles se abrió la ‘caja de los truenos’ al darse a conocer un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el que se acusa a la Comunidad de Madrid de fraccionar contratos por 3 millones para adjudicarlos a la red ‘Gürtel’ cuando Ignacio González era vicepresidente.
Según elplural.com en total, el Gobierno regional realizó 686 operaciones -que se concretan en 6 expedientes de contratación y 657 expedientes tramitados con contratos menores- con las empresas que formaban parte de la trama liderada por Francisco Correa. El importe total de estos movimientos asciende a 6.484.080,07 euros.
Y hay hasta 11 consejerías diferentes que realizaron operaciones con empresas de la trama. De todas ellas, son dos las que más facturaron a las empresas investigadas: la que presidía Ignacio González (por valor de 1.825.917,58 euros) y la de Cultura, Deportes y Turismo, (liderada hasta febrero de 2009 por Alberto López Viejo), con 1.738.537,58 euros.
En vista de estos datos, el secretario general del PSM, Tomás Gómez, exigió el viernes al presidente Ignacio González que dé explicaciones en la Asamblea de Madrid sobre el caso Gürtel, el ático que compró en Marbella y que deje de «imponer vetos» a las preguntas de la oposición respecto a esos dos asuntos.
En opinión de Tomás Gómez, «el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Comunidad de Madrid están tocados por la corrupción, que lo dicen los informes de la policía». Por ello, «¿tendrá que dar explicaciones y comparecer en el Parlamento?», se preguntaba Gómez, para a continuación resaltar que es su obligación «como demócrata que dice ser» y «preceptivo» porque representa a una institución a la que «está dañando seriamente», tal y como aseguraba en declaraciones recogidas por Europa Press.
