Los jueces continúan dando quebraderos de cabeza a Ignacio González. Esta semana el Tribunal Constitucional ha dado dos varapalos al Gobierno de la Comunidad de Madrid admitiendo dos recursos del PSOE uno contra la privatización sanitaria y otro contra la ley de Viviendas Rurales sostenibles, pero no han sido los únicos.
El año comenzó muy mal para Ignacio González ya que en enero el TC suspendió el euro por receta después de admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta medida por el Gobierno de Mariano Rajoy, por entender que es una tasa que vulnera la igualdad de los españoles a la hora de acceder a una prestación farmacéutica.
Después en abril el Gobierno autonómico madrileño volvió a sufrir un revés respecto a otra de sus medidas más controvertidas: El Expediente de regulación de Empleo de Telemadrid, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sentenció que el Expediente de Regulación de Empleo que ha afectado al canal autonómico no se ajusta a derecho, lo que implicaría que los 861 trabajadores despedidos tendrían que ser indemnizados con el máximo que contempla la ley en caso de despido improcedente, en este caso, 45 días por año
Ignacio González también recibió otro fuerte tirón de orejas por parte de ese mismo tribunal que anuló el ERE de Agencia de Protección de datos, el primero del gobierno regional, con una sentencia por la que obligaba a la readmisión de los trabajadores.
Además, el Tribunal Supremo (TS) resolvió que el campo de golf construido sobre el tercer depósito del Canal de Isabel II, situado en Chamberí, no tenía base legal.
El Alto Tribunal confirmaba así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló la declaración de interés general por la que se construyó dicho campo de golf en una zona verde de Chamberí. La sentencia aseguraba que el Gobierno regional no motivó «el excepcional interés público» que alegó para construir el campo de golf, sino que lo que hizo fue «sustraerse a la aplicación de las reglas de autorización y disciplina urbanística”.
Y esta misma semana el Constitucional ha admitido a trámite el recurso contra la ley sobre Viviendas Rurales Sostenibles de Madrid promovido por más de 50 senadores socialistas que estiman que crea «en la práctica un uso residencial en el suelo rústico». Todos los grupos de la oposición se opusieron a esta norma por considerar que sólo beneficia a una minoría integrada por grandes propietarios de terreno, perjudica al monte y puede provocar el aumento de incendios forestales.
Pero el varapalo mayor ha sido que el TC El pleno del Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso de inconstitucional presentado por PSOE contra la externalización de seis hospitales y 27 centros de salud públicos de la región, una de las medidas más polémicas de Ignacio González.
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