Los padres madrileños no van a quedarse de brazos cruzados mientras el Gobierno de Ignacio González cierra doce colegios e institutos públicos de cara al nuevo curso. La FAPA Giner de los Ríos ha amenazado a la Comunidad de Madrid con llevar a los tribunales este problema para “defender los derechos de las familias afectadas”, ya que solicitaron una reunión al Defensor del Pueblo para hablar de ello pero la institución que dirige Soledad Becerril no les recibirá, al menos, hasta dentro de dos meses. La decisión definitiva se tomará este sábado, en la reunión de la Junta Directiva de la FAPA.
Según ha indicado la entidad presidida por José Luis Pazos en un comunicado, han decidido tomar cartas en el asunto ante la lentitud burocrática del Defensor del Pueblo y antes de que el “periodo de admisión del alumnado haya terminado”. La FAPA “seguirá demandando la reunión solicitada para ver en qué sentido se pronuncia la oficina” de Soledad Becerril, pero sopesará en los próximos días emprender acciones judiciales al considerar que el Gobierno regional ha “vulnerado los derechos” de las familias.
No sólo por adoptar la decisión de cerrar doce centros públicos (seis colegios, tres institutos y tres escuelas infantiles de segundo ciclo, para alumnos de tres a seis años) alegando falta de demanda, sino por incumplir la legislación impulsada por el propio Ejecutivo sobre la libertad de elección de centro educativo, “al no respetarse la que realizaron las familias de los centros educativos públicos que se pretende cerrar”.
El argumento de la falta de demanda ha sido muy criticado por los padres, sobre todo porque el curso que viene se abrirán 23 centros nuevos (10 escuelas infantiles, ocho colegios y cinco institutos). La federación de asociaciones de padres asegura que ha intentado “solucionar el conflicto por cualquier vía de aproximación dialogada, pero hasta la fecha no ha servido de nada y se nos aboca de nuevo al camino judicial”.
Una decisión que ha tomado la FAPA tras recibir la “respuesta dilatoria” del Defensor del Pueblo ante su demanda de reunión. Los padres aseguran que la oficina de Becerril no ha dado una “respuesta adecuada” a esta problemática, y más cuando “un asunto tiene un calendario muy concreto que se acaba en breve plazo”, en referencia al periodo de escolarización para el curso 2013-2014, que permanecerá abierto hasta el 10 de mayo.
La FAPA envió una carta el pasado 8 de abril a la Defensora del Pueblo exponiendo la situación y solicitando una reunión urgente, de la que ha recibido dos respuestas. La primera llegó el pasado 18 de abril, una carta en la que se comunicaba la recepción de la misiva y la apertura de un expediente
La segunda llegó ayer de forma verbal, indicando que el asunto estaba en estudio y que el plazo de respuesta inicial a la admisión o no de las quejas es, actualmente, de un mínimo de dos meses desde su recepción.
Los padres se quejan de que este plazo “es muy superior al que existía en legislaturas pasadas, donde la respuesta a una petición de reunión no se demoraba más de una semana o diez días”. Consideran que “en este caso, un plazo de dos meses dará el mismo resultado que no atender la queja, ya que el periodo de admisión del alumnado se habrá terminado”.
Asimismo, denuncian que “el cierre de centros educativos públicos es una de las formas que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid para socavar el derecho a la Educación de los ciudadanos madrileños”. Por ello la FAPA asegura que seguirá enfrentándose a este tipo de políticas para “demostrar, mediante las movilizaciones y la huelga general educativa del próximo 9 de mayo, que no estamos dispuestos a dejar de ser ciudadanos con derechos para pasar a ser clientes de un mercado salvaje e insaciable”.
