Los vecinos de cinco edificios del centro presentan hoy una querella por coacciones, estafa y delitos contra la integridad moral contra Ana Botella y dos miembros de su gobierno por el acoso que dicen estar sufriendo para que abandonen sus viviendas sociales o las compren.
Los vecinos de los inmuebles situados en la calle Embajadores 46, en la calle San Cayetano 8 y 10, en la calle Madera 24-26 y en el número 16 de la Carrera de San Francisco, presentarán una querella criminal hoy a las 13 horas en los Juzgados de Plaza de Castilla contra la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Además se querellarán contra el exvicealcalde Miguel Ángel Villanueva y la concejala de Urbanismo, María de la Paz González García, concejala de Urbanismo.
Estos vecinos, miembros de la asociación Yo no me voy acuden a los juzgados por el “mobbing” que dicen estar sufriendo los inquilinos para que abandonen sus viviendas sociales o las compren.
Igualmente se querellan contra ocho directivos de de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) entre ellos Fermín Osle Uranga, consejero delegado ; Pablo Olangua Fernández, director general de Gestión ; Estrella Sánchez González, directora de Patrimonio EMVS; Rafael Requena Castañol, director de los Servicios Jurídicos; Agustín Arroyo Castillo, director de Rehabilitación y Servicios Sociales , Beatriz Fontán Gutiérrez, directora de Gestión Vivienda Comercialización; Romualdo Ruiz, Jefe de Departamento de Operaciones Urbanas EMVS y Javier Córdoba, jefe de Operaciones Urbanas EMVS.
Según informó en su día a elboletin.com el portavoz Yo no me voy, Salva Martí, la denuncia se basa en las “presiones” que dicen haber sufrido los vecinos, principalmente los más ancianos, a través de llamadas telefónicas de trabajadores sociales de la EMVS con las que pretendían “forzarles a irse de sus casas renunciado a sus contratos” y en la misma oferta para comprar los pisos que les he hecho el Ayuntamiento que consideran «una tomadura de pelo».
La querella, según adelantaron en su día los afectados, se acompañará de un informe psicológico que demostrará “cómo ha afectado a los inquilinos el acoso al que se visto sometidos desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)”.
Después, la alcaldesa ofreció a estos inquilinos poder comprar sus pisos a un precio de 160.000 euros para viviendas de 60 metros cuadrados y de 210.000 euros para las de 75 metros cuadrados, una oferta que estos vecinos rechazan por considerar que “el precio de la vivienda es un precio especulativo, superior incluso al de mercado”.
Consideran además que “el precio y sus condiciones de pago incumplen las condiciones legales recogidas en el contrato de arrendamiento en cuanto a que el derecho de comprar que tienen los arrendatarios de las viviendas”.
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