La ‘Ley Lasalle’, nuevo sobrenombre para la reforma de las norma de propiedad intelectual, ha puesto a las operadoras de telefonía de nuevo en el centro de la polémica. Y no precisamente, por su culpa.
Los internautas han reaccionado con absoluta virulencia a las nuevas disposiciones incluidas por el Gobierno del PP en un proyecto que endurece
algunas de las disposiciones de la ‘Ley Sinde’ contra las páginas de enlaces.
La filosofía que defiende, opuesta a las peticiones de los ‘ciberactivistas’, puede obligar a las ‘telefónicas’ o a las empresas proveedoras de publicidad a convertirse en la nueva policía de Internet al verse obligadas a colaborar y denunciar a las páginas que infrinjan las normas de protección intelectual.
Para los críticos con esta reforma la persecución de las páginas de enlaces es un nuevo error. Insisten en que lo que sería necesario ‘criminalizar’, en todo caso, serían los archivos puestos a disposición del público sin el permiso expreso del autor.
Hasta ahora, las operadoras de uno u otro modo, sin negarse a colaborar abiertamente, habían conseguido esquivar esta complicada tarea. Pero, tal vez, en esta ocasión les resulte imposible repetir la jugada.
Sobre todo porque en la reforma del texto que puso en circulación Ángeles González-Sinde, la última ministra de Cultura de José Luis Rodríguez Zapatero, elaborada por el equipo de José Ignacio Wert, el titular actual, se incluye la posibilidad de que el Gobierno solicite a un juez que obligue a las compañías a facilitar información referente a los presuntos infractores.
También a los servicios de terceros que utilice estas páginas. El magistrado puede solicitar a las empresas que identifiquen la dirección IP, el nombre de dominio, la dirección de Internet o un dato similar de los usuarios que sean denunciadas.
Aun así, para que esto fuera posible no bastaría con la reforma de las normas que va a producirse. Habrá que retocar también la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y el proceso está lejos de haber concluido. Con todas las sociedades de gestión, también en pie de guerra a causa de la nueva fórmula para retribuir el derecho a la copia privada que se ha creado para sustituir al antiguo canon. Lo consideran más injusto, todos los ciudadanos pagan ahora porque el dinero transferido figura en los Presupuestos Generales del Estado.
Y, evidentemente, mucho menos favorable, tras la espectacular reducción que ha experimentado la cantidad final que pasa de 113 millones de euros a sólo cinco, más del 95% de recorte, desde el año 2011 al 2012.
En este contexto endiablado, las operadoras de telefonía prefieren mantener un perfil bajo y alejarse de una polémica que, tal vez sin corresponderles en realidad, va a incluirlas inevitablemente.
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