El PP se ha topado de nuevo con el desacuerdo de los jueces, en esta ocasión en relación a los ‘escraches’. El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, y un juzgado de primera instancia han legitimado estas prácticas impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Moliner ha defendido hoy que si los ‘escraches’ son pacíficos, representan un ejemplo de libertad de expresión, a lo que ha añadido que no se puede generalizar y condenar de manera global porque depende de cómo se desarrolle cada uno.
«La manifestación es un principio de derecho constitucional, pero si no se realiza de acuerdo a las normas legales puede ser sancionada administrativamente o penalmente. Pero eso depende de cada una y, por lo tanto, no se puede decir en definitiva qué es lo que va a ocurrir con cada manifestación», ha asegurado.
Poco antes el Juzgado de Primera Instancia número uno de Torrelavega, en Cantabria, archivaba la denuncia presentada por el alcalde ‘popular’ de la localidad, Ildefonso Calderón, contra los participantes de una de estas prácticas convocada ante su domicilio.
El auto del Juzgado justifica el sobreseimiento de la denuncia destacando que no hubo amenazas ni violencia, y por ello considera que los activistas estaban legitimados para manifestarse.
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