Las halagüeñas previsiones que tanto Mariano Rajoy como su equipo de Gobierno hacen día sí y día también apoyándose en los recortes acometidos en los últimos meses podrían acabar en varapalo. El Ejecutivo está a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre medidas como el copago sanitario, la no actualización de las pensiones o la amnistía fiscal, medidas que según las previsiones permitirán ahorrar 8.000 millones.
La decisión del alto tribunal portugués, que el pasado fin de semana tumbó los recortes del Gobierno de Pedro Passos Coelho, podría no ser un caso aislado. El Constitucional español tiene entre manos varios recursos presentados contra las medidas de Mariano Rajoy, y si finalmente se pronuncia contra ellas el Ejecutivo tendrá que replantear de nuevo su política.
Los recortes en Sanidad son uno de los puntos sobre las que debe decidir el Constitucional. Según recoge la Cadena SER, el tribunal tendrá que pronunciarse sobre las razones esgrimidas por los gobiernos andaluz, canario, vasco y catalán para determinar que las medidas sanitarias van en contra de la Constitución.
Si finalmente acepta esta consideración, el alto tribunal dejaría sin efecto el copago farmacéutico o los nuevos criterios impuestos por la ministra Ana Mato para acceder a la tarjeta sanitaria, entre otras medidas, que el Gobierno impulsó amparándose en un ahorro de 4.000 millones de euros.
Algo parecido ocurre con la no actualización de las pensiones que recurrieron al Constitucional PSOE, CiU, Izquierda Unida, PNV y UPyD. Esta decisión evitó al Ejecutivo de Rajoy un gasto de 1.900 millones de euros anuales, empezando a contar desde 2012. Y también penden de un hilo otros mil millones que el Gobierno anunció que ahorraría con medidas educativas como el aumento de las horas semanales de los docentes o no cubrir las bajas de los profesores de pocos días.
En el mismo orden, y tras una demanda de los sindicatos, la Audiencia Nacional ha pedido al alto tribunal que se pronuncie sobre la supresión de la paga extra a más de 50.000 empleados de empresas públicas. Junto a ello hay que contar los 300 millones de euros que el Gobierno quiere recaudar con la ley de tasas judiciales y los 342 que el calculó que ahorraría con la reducción de consejeros de RTVE, medidas también pendientes del dictamen del Constitucional.
Por último, el alto tribunal debe dirimir si son o no legales son la amnistía fiscal y la reforma laboral. Con la primera de estas medidas el Gobierno recaudó casi 1.200 millones de euros el año pasado. La reforma del mercado de trabajo también está pendiente de lo que diga el Tribunal Constitucional.
