El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado plantear al Constitucional la supresión de la paga extraordinaria de diciembre que ha afectado a los 17.000 trabajadores públicos de esta región. Este órgano duda de que esta decisión cumpla con lo expuesto en la Carta Magna, ya que supone “hipotéticamente la expropiación de derechos económicos no abonados pero sí incorporados ya al patrimonio de los trabajadores por devengados”, según recoge el Norte de Castilla.
La demanda presentada por CGT de Castilla y León, a la que se unieron el resto de organizaciones sindicales, ha logrado uno de sus objetivos: que se presente una cuestión de inconstitucionalidad contra la supresión de la extra de Navidad.
El Tribunal Superior castellano leonés tiene sus dudas en torno el artículo 2 del Real Decreto-Ley que incluye la eliminación de esta paga porque, según este diario, “establece la reducción de retribuciones en las cuantías que correspondiera recibir en diciembre de 2012 como consecuencia de la supresión de la paga o gratificación extraordinaria”. Unas “gratificaciones extraordinarias” que “constituyen una manifestación del salario diferido y se devengan día a día” por lo que “nos planteamos la posibilidad de que esté vulnerando lo dispuesto en la Constitución”.
La decisión de este órgano judicial coincide la sentencia del Tribunal Constitucional de Portugal contra la supresión de dicha paga de los funcionarios y otras medidas de ajuste que aprobó el Gobierno del país vecino.
