Ada Colau ha acusado al Gobierno de crear una “polémica artificial” en torno a los ‘escraches’ que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) realiza a los diputados del PP, y ha cargado contra el Ejecutivo por gastar el dinero de los contribuyentes en criminalizar a las víctimas de los desahucios. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha movilizado al Ministerio Público para que vigile estos actos.
En una rueda de prensa en el Ateneo de Madrid, Colau ha considerado que “es lamentable que el Gobierno movilice los recursos del Estado -en referencia a la circular remitida por Torres-Dulce a los fiscales, que ha publicado El País- para crear una falsa polémica, para hablar de una violencia que no existe en los ‘escraches’. La PAH no ha acosado ni amenazado a nadie, sólo ha canalizado el malestar y la rabia de los ciudadanos por una ley que no se modifica y que es injusta en la ILP”.
Así de contundente ha sido la portavoz de este colectivo, que igual que han hecho los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez respectivamente, que la acompañaban en esta cita, ha calificado las propuestas del PP contra los desahucios como una “burla” y un “maquillaje” que “nos llevarán a la ruina”.
El PP ha presentado una propuesta para integrar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) anti-desahucios en el texto que ha formulado para proteger a los deudores hipotecarios. Esto, según la PAH, CCOO y UGT, no es más que un intento de difuminar la medida presentada por los ‘Afectados por la Hipoteca’, ya que el texto de los populares no recoge ninguno de los “mínimos” exigidos por la Plataforma: la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el alquiler social.
En este sentido, Toxo ha criticado que el texto del PP se haya “dialogado con el sector financiero”, de forma que se coloca “en contra de la ciudadanía” y “no representa los problemas reales” de la sociedad. Por su parte, Méndez ha instado a los populares a dar marcha atrás con sus propuestas, adoptar los mínimos de la ILP y materializar así “la reparación social y democrática”.
