La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, tal y como adelantó EL BOLETIN el pasado mes de enero, ordenó a los servicios jurídicos de su ejecutivo que presentaran una demanda contra Greenpeace por su informe ‘Amnistía a la destrucción’. En esta acción judicial se acusa a la organización ecologista de “vulneración del derecho al honor” de Cospedal.
María Dolores de Cospedal no se cruzó de brazos al ver cómo a principios de año Greenpeace vinculaba, según señalaba el propio Ejecutivo manchego, “aspectos de la intimidad personal” de la secretaria general del PP “con una supuesta red de intereses que habría influido en la redacción de la reforma de ley de costas, impulsada por el Ministerio de Agricultura”.
Por ello, la presidenta autonómica ordenó a los servicios jurídicos de la Junta manchega que pusieran una demanda contra esta organización porque además de la «falsedad» de las supuestas conexiones de Cospedal con la modificación de dicha normativa, «éstas han sido recogidas por diferentes medios de comunicación».
Así lo anunció en su día la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en un comunicado en el que aseguraba que la supuesta implicación y participación de Cospedal en una presunta red “son absolutamente falsas”. “Entre otras cosas”, insistían, “porque resulta obvio que la presidenta de una Comunidad Autónoma que carece de costa no puede tener interés alguno en el desarrollo normativo de una ley que se refiere al litoral español”.
Asimismo, este Ejecutivo destacó que pretender que existen otro tipo de intereses personales de la propia presidenta o de su entorno, en referencia a su marido, Ignacio López del Hierro, en la modificación de dicha norma “vulnera de manera intolerable la dignidad y la ética de cualquier gobernante público”.
«Esa difusión ha aumentado los perjuicios contra su persona», incidió en enero el Gobierno manchego en este comunicado en el que también advirtió de que si los medios perseveran en la publicación de estas informaciones deben saber que también serán objeto de la interposición de la pertinente demanda.
«Intentar degradar la imagen de una representante de los ciudadanos, atacando a su familia o difundiendo informaciones falsas sobre su participación en presuntas redes clientelares y de influencias resulta intolerable. Por este motivo, la presidenta de la Junta ha decidido recurrir al amparo de los tribunales de justicia», se remarcaba en este comunicado.
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