Los médicos están demostrando que sus movilizaciones contra la privatización de hospitales y ambulatorios no son una broma. Hoy mismo la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha ido un paso más allá en su lucha al presentar un informe que ha elaborado el bufete López Rodó & Cruz Ferrer sobre la inconstitucionalidad de estas medidas, que si finalmente llega al alto tribunal podría trastocar los planes de Ignacio González como ya ocurriese con el euro por receta.
La asociación ha anunciado que entregará este informe al Defensor del Pueblo, ya que es este organismo el que realmente tiene potestad para acudir ante el Constitucional. El objetivo, que el tribunal frene la externalización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud que quiere llevar a cabo el Gobierno autonómico.
Este informe acusan al presidente regional de crear un “apartheid sanitario” con sus privatizaciones, que discriminan a los pacientes por zonas, y pone de manifiesto que la Comunidad de Madrid no ha estudiado cómo optimizar sus propios recursos sanitarios, ni la necesidad real de privatizar, ni los costes reales que supondrían; y que tampoco dispone de los mecanismos de control para asegurar la calidad de la asistencia sanitaria en los hospitales privatizados.
La amenaza de ir al Constitucional es la primera medida contundente que toma la AFEM gracias al trabajo de los abogados de López Rodó & Cruz Ferrer, a los que contrató para que elaborasen la “estrategia jurídica” a seguir para obtener los “mejores resultados” en los tribunales contra las privatizaciones de Ignacio González.
Un despacho que parece no haber sido elegido por casualidad. Ubicado en pleno barrio de Salamanca, algunos observadores políticos señalan que este bufete de corte conservador es cercano al PP, sobre todo porque su fundador, Laureano López Rodó, fue ministro durante el régimen franquista.
De López Rodó & Cruz Ferrer depende ahora la lucha de la AFEM, que le ha encomendado que emprenda la vía jurídica para “paralizar la venta de la Sanidad pública madrileña a empresas con ánimo de lucro”. Con este objetivo los facultativos especialistas iniciaron el pasado mes de febrero una recogida de fondos, con la que ya han logrado reunir 168.865 euros del objetivo de 181.500 marcado para iniciar el proceso judicial.
