La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II recurrirá a las instancias europeas si el Gobierno de Ignacio González insiste en vulnerar el derecho a la información de los ciudadanos si les continúa negando la documentación sobre la nueva gestión del agua y la creación de la empresa Canal Gestión SA.
Así lo adelantó a elboletin.com, Francisco Caño, el portavoz de la plataforma que ayer entregó 57 escritos de otras tantas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos en el registro de la Comunidad de Madrid del Gobierno regional, dirigidos al presidente madrileño, Ignacio González.
La plataforma exige a Ignacio González -a través de estos escritos que fueron registrados para que quede constancia- que “actúe con transparencia en lo relacionado con la modificación de la gestión del agua en nuestra comunidad, toda vez que afecta al acceso a un derecho humano fundamental”.
En concreto, y en el paso de lo que denominan “campaña por la transparencia”, la Plataforma exige plan económico y financiero tanto del Canal de Isabel II como de la nueva sociedad anónima, Canal Gestión, la planificación económica y financiera de ambas compañías, el patrimonio adscrito a cada una de ellas, valoración, estatutos, la estructura empresarial y su composición.
Caño insiste en que estos documentos tienen que ser públicos y que los han pedido para que sean estudiados por su comisión jurídica para ver si hay alguna irregularidad, por lo que si el Ejecutivo autonómico se niega a facilitárselos “reclamaremos a instancias superiores e incluso a las instancias europeas por incumplimiento de la normativa del derecho a la información”.
No es la primera vez que La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II acude a los tribunales, ya que a través de la Federación regional de Asociaciones de Vecinos y de Ecologistas en Acción, ha presentado recursos contencioso-administrativos contra los convenios que han firmado los ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Alcorcón y Getafe para adherirse al nuevo modelo de gestión del agua de la empresa Canal Gestión SA.
Francisco Caño explicó en su momento que se llevó a los tribunales estos convenios ya que limitan las funciones de los Consistorios “que pierden cualquier competencia con respecto al agua, incluso en averías”.
