El equipo de Mariano Rajoy ha condenado este viernes a un duro futuro a los mayores de 55 años que se queden sin empleo. Un real-decreto ley aprobado en el Consejo de Ministros dificulta las posibilidades de más de 500.000 personas percibir el subsidio por desempleo una vez agotada la prestación. Muchos se ellos se quedarán por tanto sin ningún tipo de ayuda, pues deberán además tener cotizados 35 años para acceder a la jubilación anticipada. Tampoco les esperan muy buenas perspectivas cuando llegue la jubilación pues un comité de expertos se encargaré de estudiar la posibilidad de regular la “sostenibilidad” de las pensiones, lo que augura una reducción de las mimas.
El ejecutivo se lo pone así muy difícil a los mayores de 55 años que se queden sin trabajo, un colectivo que además tiene complicada la colocación laboral. Hasta ahora, para poder percibir esta ayuda sus ingresos no podían superar el 75% del salario mínimo interprofesional, 641 euros. Sin embargo, a partir de este momento se tendrán en cuenta las rentas de las personas que convivan con el potencial beneficiario.
La suma total de las rentas de toda la unidad familiar se dividirá entre los miembros de la misma y si el resultado es mayor a ese 75%, el desempleado mayor de 55 años que solicite el subsidio especial no cobrará la prestación. De esta manera, se complica ampliamente la posibilidad de recibir la ayuda, pues si el potencial beneficiario convive con su pareja y ésta cobra poco más de 900 euros, no tiene derecho al subsidio; así como si se convive con los hijos y estos reciben un salario cercano a los 1.000 euros.
No sólo esto, sino que además se ha elevado a 35 años el período mínimo de jubilación para acceder a la jubilación anticipada de carácter voluntario. Por lo tanto, se retrasa en el tiempo la posibilidad de los mayores de 55 años de jubilarse anticipadamente.
Pero además, según ha anunciado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha aprobado la creación de un comité de expertos independientes para regular la sostenibilidad de las pensiones las pensiones, lo que augura unas peores perspectivas cuando al fin puedan acceder a la jubilación.
Los sindicatos ya han criticado duramente la nueva medida del Gobierno, UGT y CCOO han acusado al Ejecutivo de incrementar la desprotección social a aquellos que se quedan sin empelo al final de su vida laboral. Han apuntado además que, en muchos casos, es la única fuente de ingresos de este colectivo hasta la jubilación.
Desde las principales centrales sindicales se ha recordado además que ya realizó un importante recorte de este tipo de ayuda al elevar el verano pasado la edad para poder acceder a ella de los 52 a los 55 años. Asimismo, han subrayado que tal medida supone un “castigo adicional” para las familias que deciden acoger a estos desempleados a los que se hace muy cuesta arriba conseguir un nuevo puesto de trabajo.
IU también ha puesto el grito en el cielo con la decisión que ha tomado este viernes el Gobierno. La formación liderada por Cayo Lara considera que supone «un nuevo ataque a las condiciones de vida de los más débiles».
En un comunicado, señalan que esta medida «agrava las condiciones de vida de los parados mayores de 55 años y las personas próximas a la jubilación, en una nueva vuelta de tuerca del ‘austericidio’ sobre los sectores populares».
