La asociación de vecinos ‘Yo no me voy’, que la próxima semana presentará una querella criminal por “acoso inmobiliario” contra el Ayuntamiento de Madrid, y la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), denuncia que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella quiere acabar con los contratos de los inquilinos con menores recursos que son los que están protegidos por el Decreto 100/86.
Salva Martí, portavoz de ‘Yo no me voy, explicó a elboletin.com que dicho decreto es el que protege las viviendas sociales de las familias más necesitadas y que es precisamente el que pone “nerviosa a Ana Botella y a la EMV, ya que contempla que mientras que las condiciones económicas no cambien tienes derecho a tu vivienda”.
Este representante vecinal señala que el acoso que están sufriendo las familias que componen la asociación se debe, precisamente, a que lo que quiere el Ayuntamiento es “deshacerse de todos los inquilinos a los que ampara ese decreto, ya que les convierte en inquilinos vitalicios, mientras se mantengan las condiciones económicas por las que accedieron al piso”, lo que les da una mayor protección frente a cualquier intento del Consistorio de vender sus casas.
Hay que recordar, que como adelantó ayer el boletín.com, 70 miembros de esta asociación tienen intención de presentar la querella por “mobbing inmobiliario” entre el martes y el miércoles en los juzgados de la Plaza de Castilla, un acoso que dicen estar sufriendo los inquilinos para que abandonen sus viviendas sociales o las compren.
La denuncia se acompañará de un informe psicológico que demostrará “cómo ha afectado a los inquilinos el acoso al que se visto sometidos desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
‘Yo no me voy’ fue creada por algunas de las 117 familias que viven en cinco inmuebles del centro de Madrid, concretamente en el número 16 de la Carrera de San Francisco, La Madera números 24 y 25; San Cayetano 8 y 10 y el 46 de Embajadores.
Y se creó para defenderse de las intenciones de alcaldesa de Madrid de vender los cinco inmuebles en los que viven a Renta Corporación, inmobiliaria de la que es consejero el marido de María Dolores de Cospedal, una operación que la alcaldesa se vio obligada a abortar, de momento, por la polémica suscitada.
Después, la alcaldesa ofreció a estos inquilinos poder comprar sus pisos a un precio de 160.000 euros para viviendas de 60 metros cuadrados y de 210.000 euros para las de 75 metros cuadrados, una oferta que estos vecinos han rechazado formalmente por considerarla ilegal.
