El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha admitido a trámite la querella de IU por la supuesta contabilidad B del PP y ha citado a declarar a Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Federico Trillo y a empresarios que aparecen en los papeles del extesorero publicados por el diario El País. Estos últimos, lo harán en calidad de imputados por pagar presuntas comisiones a la formación a cambio de la concesión de obras pública.
Entre los empresarios imputados se encuentran el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; Manuel Contreras Caro, presidente de Azvy; Juan Manuel Villar Mir, ex presidente de OHL; Luis de Rivero, ex presidente Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo, de construcciones Hispánica; Juan Manuel Fernández, de Aldesa; José Mayor Oreja, de Construcciones de Fomento y Contratas; Antonio Vilella, de Construcciones Rubau; y Adolfo Sánchez.
A todos ellos se les atribuyen supuestos delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la hacienda pública, fraude y exacciones ilegales, así como encubrimiento, falsedad y apropiación indebida de fondos electorales o asociación ilícita.
Gómez Bermúdez ha imputado también a los antiguos responsables de las cuentas del partido Bárcenas y Lapuerta, quienes habrían sido los receptores del dinero abonado por los empresarios. Mientras que en el caso de Acebes, Rato y Trillo, el juez considera que su imputación «resulta prematura” por falta de pruebas.
El magistrado considera además que “según el relato de la querella, el Partido Popular, como beneficiario de las donaciones, es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal».
En un auto dictado hoy, según Europa Press, Gómez Bermúdez ordena además a los querellados que «en el improrrogable plazo de siete días aporten copia o relación de los ingresos de los que hayan sido beneficiarios entre 2002 y 2009 por administraciones gobernadas por el Partido Popular».
