Los grupos parlamentarios coincidieron hoy, tras la Junta de Portavoces celebrada en el Congreso, en pedir al Gobierno la negociación de las condiciones y los plazos del Decreto Ley presentado por el Ejecutivo el pasado 13 de agosto, en el que se incorporaban ayudas de 420 a los parados que hubiesen agotado su prestación por desempleo.
Así, el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, consideró “inaceptable” la actual configuración de este Decreto, y basó su apoyo al Gobierno en “dos condiciones indispensables”, que serían la tramitación del Decreto como Proyecto de Ley, “para que pueda ser modificable y mejorable”, y la ampliación “sustancial” del período de cobertura, que ayer fue trasladado por el Gobierno al 1 de julio, en vez del al 1 de agosto como estaba previsto. Además, Llamazares criticó la “actitud limosnera” del Ejecutivo, y pidió al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ofrezca una “negociación seria” con todas las partes.
Por su parte, el portavoz de ERC, Joan Ridao, aclaró que le parecía una idea “interesante y razonable”, y no ponía en duda “la bondad del Gobierno” al presentar una medida así, pero le recordó que “no se puede aprobar nada sin contar con los grupos políticos”. Además, advirtió que, “al igual que IU y el Grupo Mixto”, ERC “no está en condiciones de apoyar la medida tal y como está ahora”. Su grupo se mostró partidario de ampliar la fecha al 1 de enero, aunque precisó que primero era necesario “saber que cifras presupuestarias maneja el Gobierno”.
PNV. Por su parte, el PNV presentó hoy ante el Congreso una Proposición No de Ley con el fin de que el Gobierno “configure una nueva regulación normativa y habilite las disponibilidades presupuestarias que aseguren una protección universal a los parados que hayan agotado la prestación y el subsidio por desempleo”.
Los sindicatos rechazaron ayer la propuesta del Gobierno de ampliar los plazos de la medida desde el 1 de junio, fecha que consideraron “insuficiente”.
Pese a que consideraron la medida como “importante y necesaria”, mantuvieron su petición de que la fecha mínima fuese la del 1 de enero, “afectando a cuantos más parados sea posible”. Por su parte, el Gobierno recordó que cada mes que se amplié, tendrá un coste presupuestario de 100 millones de euros.
