El PP aún no tiene lista la demanda contra Bárcenas

Sin rastro de las demandas del PP contra el extesorero Luis Bárcenas. Las acciones judiciales anunciadas hasta la saciedad por altos cargos del partido en las últimas semanas aún no están listas, según han admitido a EL BOLETIN fuentes oficiales de la dirección nacional de los populares. “Todavía no hay nada, aún estamos en ello”, han asegurado al respecto.

Casi una semana después de que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, acudiera a los juzgados de Toledo para presentar una demanda civil a título personal contra Bárcenas, así como contra El País, no hay noticias sobre la querella anunciada por Génova.

Los abogados del partido aún se encuentran estudiando la mejor manera para articular la mencionada demanda y se desconoce la fecha en la que darán por terminado su trabajo. “Estamos en ello, ya se comunicará”, aseguran fuentes oficiales del PP que recuerdan que al hacer oficial el pasado lunes la acción de Cospedal se dijo que “en los próximos días” Génova haría lo propio y presentaría su demanda.

Un retraso que choca con las declaraciones de Javier Arenas en Valladolid el pasado lunes tras conocerla la decisión de la presidenta manchega. El vicesecretario de Política Autonómica del PP aseguró “mañana o pasado iremos a los tribunales a presentar todas las acciones judiciales que hay que presentar para defender la honorabilidad de todos los dirigentes de nuestro partido”. Hoy, jueves, aún no se sabe nada al respecto.

Esta situación se produce en medio de las críticas que en las filas del PP ha despertado la demanda presentada por Cospedal a espaldas de Génova y de la que muchos dirigentes del partido se han tenido que enterar por la prensa. Algo que no ha gustado a muchos populares que se lo han recriminado a la secretaria general.

Precisamente, hoy mismo el Observatori Desc, una asociación catalana que defiende los derechos humanos, ha presentado hoy una querella criminal contra Luis Bárcenas, al que acusan de haber cometido dos delitos contra la Hacienda pública, cohecho, tráfico de influencias y delito electoral por la supuesta contabilidad B del PP que publicó El País.

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