Varios centenares de jueces, fiscales y funcionarios de Justicia se han concentrado en la madrileña plaza de la Villa, ante la sede del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia, contra la política del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Una empleada pública hacía la peineta a las reformas legislativas, mientras otros coreaban: «Sí hay dinero, lo tiene el tesorero».
Entre los presentes se encontraban funcionarios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), así como jueces y fiscales de la Audiencia Nacional como el magistrado Eloy Velasco o los fiscales Vicente González Mota, Miguel Ángel Carballo, Dolores Delgado o Juan Antonio García Jabaloy.
Los empleados públicos han estado ataviados con camisetas amarillas en las que se podía leer el lema «Sin Justicia no hay derechos» y fueron animados por una representante de CCOO que, con micrófono en mano, coreaba: «Gallardón escucha, Justicia está en la lucha», informa Europa Press.
Los asistentes han respondido así a la llamada de los sindicatos a participar en concentraciones desde las 11.30 hasta las 12.30 ante las oficinas judiciales y a la convocatoria de huelga de los jueces y fiscales. «No es una crisis, es una estafa», «Entre todos pararemos la reforma judicial», «No a las tasas, Justicia para todos» y «Gallardón dimisión», han sido los gritos más coreados.
En el Tribunal Supremo el único magistrado que ha comunicado formalmente su intención de ir a la huelga ha sido Rafael Sarazá, el penúltimo en llegar a la Sala de lo Civil. Todas las vistas señaladas se han celebrado, aunque se está a la espera de recibir el seguimiento que ha tenido la jornada de paro en el alto tribunal.
El Comité Nacional de Huelga ha cifrado a mediodía el seguimiento de la jornada de paro de jueces y fiscales en 2.553 miembros. La protesta ha sido convocada por la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.
Ha sido respaldada por la ‘Plataforma Justicia para Todos’, que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ.
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