La decisión de Ignacio González de mantener cerrado el Hospital de Collado Villalba a pesar de que debe pagar a Capio por él más de 900.000 euros al mes ha encendido a la comunidad sanitaria. La Marea Blanca ha decidido centrar sus críticas en la empresa, y el próximo 10 de febrero se manifestará en esta localidad para denunciar el negocio que hace Capio con dicha concesión y exigir al presidente de la Comunidad de Madrid que recupere la gestión de este centro.
Los profesionales de la Sanidad no están dispuestos a que las empresas privadas sigan lucrándose con este servicio público. Por ello, han llamado a los madrileños a acudir el domingo a Collado Villalba para manifestarse contra Capio, que cada mes recibe casi un millón de euros del Gobierno regional por el mantenimiento del hospital de esta localidad. La compañía es adjudicataria de la gestión de este centro, que la Comunidad de Madrid decidió mantener cerrado para ahorrar.
La marcha contará con tres itinerarios distintos. A las 11 horas una columna partirá desde Alpedrete, y media hora después hará lo propio otra desde la estación de Villalba. La última saldrá a las 12 horas desde Villalba pueblo, y todas confluirán frente al hospital gestionado por Capio.
Con esta iniciativa la Marea Blanca quiere hacer ver a la ciudadanía dónde va el dinero que ‘despilfarra’ Ignacio González cada mes mientras sigue adelante con sus planes de privatizar la gestión de seis hospitales y 27 ambulatorios.
Según publicaba el pasado mes de diciembre El País, Capio recibiría desde enero 775.591 euros más el IVA, lo que hace una suma total de 938.465 euros, en concepto de mantenimiento por un servicio ‘fantasma’. En él se engloba desde el mantenimiento de jardines, vías y reparaciones hasta limpieza, desinfección o desratización.
En total, Capio facturará en 2013 a la Comunidad de Madrid por este centro unos 9,3 millones de euros, cantidad a la que si se suma el 21% de IVA hace un total de 11,25 millones. Todo ello mientras el hospital permanece cerrado, ya que la inauguración no se producirá hasta el 15 de diciembre de este año, fecha en la que se empezará a amortizar este centro al que el Gobierno regional destinará, según se recoge en los Presupuestos para el próximo ejercicio, 12,7 millones de euros.
Precisamente para evitarlo los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad (Amyts, SATSE, USAE, CCOO, UGT y CSIT-UP), junto a CSI-F, exigieron a Ignacio González “la suspensión indefinida de la apertura en tanto no se resuelvan las actuales dificultades presupuestarias” y “la renegociación de sus cláusulas de apertura y gestión, de modo que quede bajo control público”. Aunque el presidente regional, lejos de hacerles caso, parece que se ha decantado por dejar las cosas tal y como están.
Esta manifestación de los profesionales de la Sanidad pondrá también de manifiesto su indignación tras conocer los nuevos ‘regalos’ del sucesor de Esperanza Aguirre a Capio. González ‘perdona’ a esta empresa un millón y medio de euros al año correspondientes al salario de 98 trabajadores que paga el Gobierno regional a pesar de que trabajan en un centro gestionado por esta empresa.
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