La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, y el portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, se reúnen hoy con las familias a las que Ana Botella quiere desalojar para vender cinco edificios de viviendas sociales. La empresa que hasta ahora se postulaba como la favorita para hacerse con estos inmuebles por 21 millones de euros, Renta Corporación, ha renunciado a esta operación.
El encuentro, que tendrá lugar en los edificios de propiedad municipal ubicados en la calle de la Madera, números 22-24, según ha informado el PSOE, se produce después de que más de un centenar de familias residentes en estos inmuebles en régimen de alquiler social hayan denunciado que el Ayuntamiento de la capital pretende realizar un “realojo forzoso” para vender sus viviendas.
Estos pisos se encuentran en la carrera de San Francisco, en la calle Embajadores, la Calle de la Madera y la Calle San Cayetano, y han sido rehabilitados recientemente. En total, se trata de 130 pisos, de los cuales 117 están ocupados en estos momentos.
El consistorio que dirige Ana Botella envió el pasado mes de noviembre una carta a estas familias en las que les instaba a abandonar su vivienda porque el Ayuntamiento iba a proceder a la venta de los edificios. Ante ello, los vecinos se organizaron, buscaron asesoramiento legal y amenazaron al Gobierno municipal y a la empresa que pretendía hacerse con estos inmuebles, Renta Corporación, de la que el marido de María Dolores de Cospedal, Ignacio López del Hierro, es consejero, a romper la opción de compra firmada entre ambas partes antes del 18 de diciembre o interpondrían una querella por los daños “físicos y psíquicos” causados.
Unas amenazas que han tenido efecto, ya que ayer mismo se conocía que Renta Corporación había desistido en esta operación. La inmobiliaria ha decidido renunciar a la opción a compra firmada con el Ayuntamiento para hacerse con estos edificios por 21 millones de euros. En ese contrato, fechado el pasado 18 de octubre, establecía que en caso de que la empresa se echase atrás debería abonar 300.000 euros al consistorio.
