En plena oleada de recortes contra los funcionarios de todas administraciones, de los que no salvan los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella ha dado la espalda a los 78 letrados que se encargan de la asesoría jurídica del consistorio y ha tirado de ‘chequera’ para contratar a un caro bufete de abogados para personarse en el ‘caso Madrid Arena’. Un bufete que ha representado a varios ex altos cargos del PP implicados en la trama ‘Gürtel’.
Ana Botella ha vuelto a desatar la indignación entre los trabajadores municipales. A pesar de contar con casi 80 letrados en el área de Asesoría Jurídica a su disposición, la alcaldesa ha decidido buscar ayuda fuera para personarse en la investigación de la tragedia del Madrid Arena en la que fallecieron cuatro jóvenes.
Una asistencia para que el consistorio pueda estar presente en el juicio y acceder a la documentación del caso que no se saldrá barato. El bufete de abogados elegido, el del vicedecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Rodríguez Ramos, es uno de los más solicitados en el entorno del PP, lo cual es sinónimo de caro. Y es que, Botella ha preferido desembolsar una alta cantidad de dinero, aún desconocida, que recurrir a los 78 letrados que tiene a su disposición el ayuntamiento.
Y por si esto no fuese poco para indignar a empleados públicos y ciudadanos, hay que recordar que este bufete se ha encargado de la defensa de diferentes cargos del PP implicados en la ‘trama Gürtel’.
Según varias informaciones, este bufete ha representado al exdiputado de la Asamblea de Madrid, Benjamín Martín Vasco, el exdiputado en el Congreso, Jesús Merino, y el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Asimismo, se ha posicionado en contra de la autorización de intervención de las comunicaciones que utilizó Baltasar Garzón para iniciar la investigación de la trama Gürtel.
La contratación de estos servicios ha sido confirmada por el propio vicealcalde de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel Villanueva, que se ha esforzado por explicar los motivos para recurrir a esta firma de abogados, así como su coste en plena oleada de recortes. Según Villanueva, el consistorio se ha visto forzado a esta decisión porque de la especialidad de estos 78 letrados municipales son “los procesos contenciosos, básicamente”, no los temas penales.
Así, ha destacado que de estos, 11 se limitan a realizar informes jurídicos, por lo que no llevan a cabo la representación procesal, mientras que 26 que sí asisten a juicios, aunque sobre procedimientos contenciosos. El resto, hasta 78, es personal administrativo y auxiliar, según el vicealcalde.
Respecto a esta contratación, la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas contra el Ayuntamiento. Según ha informado su, Miguel Ángel Gallardo, a Europa Press, se ha exigido al Tribunal de Cuentas que aclare si está «bien contabilizado el uso de caudales públicos» con esta decisión.
