Una de las medidas estrella del Gobierno para poner fin al problema de los desahucios, la creación de un fondo social de viviendas, es, por el momento, poco más que una vaga promesa. El Ejecutivo estuvo dispuesto a exigir a los bancos la aportación de 3.000 viviendas para destinarlas al alquiler social, pero después la retiró. Ahora deberá negociar con las entidades financieras y confiar en su buena voluntad para poder sacar este proyecto adelante.
Según asegura eldiario.es, que cita a Julio Rodríguez, enviado por el PSOE a la mesa de negociación con el Gobierno sobre los desahucios, «se habló de 3.000 viviendas en algún documento del Gobierno que finalmente fue eliminado».
El Real Decreto publicado el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se limita a señalar que “se encomienda al Gobierno que promueva con el sector financiero la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de las entidades de crédito, destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario”.
“Este fondo social de viviendas tendrá por objetivo facilitar el acceso a estas personas a contratos de arrendamiento con rentas asumibles en función de los ingresos que perciban”, señala el BOE, que no da ningún detalle sobre cómo pretende el Ejecutivo orquestar este parque de viviendas ni cómo se financiará.
El texto legal se limita a señalar que “este fondo debiera movilizar un amplio parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, en beneficio de aquellas familias que solo pueden acceder a una vivienda en caso de que las rentas se ajusten a la escasez de sus ingresos”.
El jueves, el ministro de Economía, Luis De Guindos, tampoco quiso dar más detalles al respecto, aunque sí aseguró que no esperaba ningún problema para la creación de este parque de viviendas, ya que en España “hay más de 700.000 viviendas vacías”.
Por el momento, la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) se ha ofrecido a “aportar su experiencia en esta materia”, según un comunicado remitido ayer por la patronal, que recordó asimismo que “las obras sociales de las cajas de ahorros disponen de programas contra la exclusión financiera y social”. En ese sentido, “dentro del capítulo de asistencia social y sanitaria, que ha pasado a ser el de mayor importancia (3.343 millones invertidos en los últimos cinco años) destacan precisamente las subvenciones para alquileres sociales”.
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