UGT denuncia que Cospedal prepara un impuesto para las personas dependientes

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UGT denuncia que Cospedal prepara un impuesto para las personas dependientes

Los recortes de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha también llegarán a los dependientes. Según UGT, la presidenta regional y secretaria general del PP ha incluido unas tasas públicas en la ley que regula esta materia con las que se cobrará por la utilización de servicios prestados por la Junta, que en realidad son derechos de los ciudadanos, como la solicitud de revisión del grado de discapacidad o la revisión del grado de dependencia.

En una nota de prensa, el sindicato asegura que “el concepto de tasa que se utiliza en este proyecto de Ley excede el marcado por la Ley General Tributaria, pretendiendo imponer un tributo por ejercer un derecho a unas personas que se encuentran en determinadas situaciones de discapacidad y dependencia”. Esto sería “como imponer tributos a todos los beneficiarios del sistema de protección social por el solo hecho de solicitar una prestación, ya sea por desempleo, pensionistas…”, indica UGT.

“Llama la atención que una comunidad autónoma, cuya competencia es la de ser gestora de una Ley Estatal, establezca tasas sin que éstas sean reguladas por la propia ley estatal”, por lo que el sindicato manifiesta que “este proyecto contradice el propio texto legal, que en ningún momento establece tributos a los ciudadanos por ser receptores de sus derechos”.

Por ello, UGT considera que esta regulación “supone un nuevo ataque frontal a la Ley para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, ya que la imposición de estas tasas repercute directa y negativamente a unos ciudadanos cuya situación es más vulnerable y que, además, ya contribuyen económicamente al sostenimiento de la ley mediante el copago”.

Además, el sindicato ha insistido en que todas las modificaciones que el Gobierno de Cospedal ha realizado a la ley de dependencia “van dirigidas a su desmantelamiento, al recorte presupuestario, a la reducción de sus prestaciones, a la modificación de sus principios básicos y nos abocan a un sistema asistencialista, en vez de a un sistema de derechos, donde la universalidad en el acceso y la atención a las personas de forma integral e integrada queda dibujada como mero recuerdo del enunciado de dicha ley”.

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