Ignacio González se enfrenta a un futuro a medio plazo plagado de incertidumbres judiciales que puede condicionar el horizonte de su gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Para el sucesor de Aguirre, las ‘cuentas pendientes’ con el caso Gürtel, el Espionaje y Caja Madrid, son el principal problema a resolver, muy por encima de cualquier otro, o de los intereses de los madrileños, en general.
Cuando aún nadie sabe a ciencia cierta los verdaderos motivos que obligaron a Esperanza Aguirre a dimitir, algo si se atisba en el horizonte. La ex presidenta mantiene una agenda política intensa y hasta acude en defensa de su protegido si llega el caso. Pero será a este a quien corresponderá enfrentarse a las malas noticias que le llegan desde los tribunales.
La pasada semana, González tuvo una de cal y otra de arena. Por un lado, el ex consejero de Deportes y Presidencia de la Comunidad, y en tiempos mano derecha de Aguirre, optó por negarse a declarar ante el juez instructor del ‘caso Gürtel, lo que podría significar, según la interpretación de algunas malas lenguas del PP madrileño, no siempre bien informadas, que aún negocia con sus antiguos compañeros algún tipo de pacto que pudiera aportarle cierta inmunidad.
O no. Pero, al menos, lo que aún no se ha producido es la todavía temida posibilidad de que López Viejo cargarse con parte de la responsabilidad de los presuntos fraudes a ‘instancias más altas que el mismo tanto de la Comunidad de Madrid como del propio PP. Lo que apuntaría directamente a González y quizá a la misma Aguirre.
Y, por supuesto también, el espinoso asunto del ático dúplex de 495 metros cuadrados en Guadalmina que González suele usar en Guadalmina. El dice que la alquila, pero los investigadores creían que era suyo y que la presunta empresa propietaria Coast Investor, con sede en Delaware, conocido paraíso fiscal estadounidense, era una cortina de humo con la que tapar que este piso era el resultado del cobro de una comisión relacionada, precisamente con la trama Gürtel.
De momento, la resolución de este enigma ha quedado en el aire. Sin embargo, y sorprendentemente quién sí ha sufrido las consecuencias de este asunto ha sido Agapito Hermes de Dios, el ex comisario de Marbella que promovió la investigación que ha sido expedientado por impulsar unas pesquisas, calificadas de ilegales por el actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
En cualquier caso el silencio de López Viejo, mantiene el posible problema en el congelador. Pero el flamante presidente madrileño no tuvo tanta suerte con el caso del Espionaje. Un turbio asunto interno del partido que requirió la intervención del propio Mariano Rajoy para ser cerrado. El líder conservador consiguió en su momento que Alfredo Prada y Manuel Cobo, presuntos espiados, retiraran las denuncias. Sin embargo, no parece haber logrado su objetivo.
A pesar de que el caso se archivo dos veces y tuvo que volver abrirse otras dos. Esta vez, por unas declaraciones de José Manuel Pinto, el funcionario que habría escrito los parte del espionaje, según varias pruebas caligráficas.
Pinto dice ahora que no lo escribió él que lo hizo el entonces director de Seguridad Miguel Castaño. El ‘tiro’ apunta directamente a González, porque Castaño era un hombre de su confianza y ‘exculpa’ en cierto sentido a Francisco Granados, el defenestrado número tres del Gobierno de Aguirre a quién se consideraba en ciertos entornos como el coordinador de los espionajes a Cobo y Prada.
Sin contar con que el propio González fue ‘espiado’, como consta gracias a testimonios gráficos de alguno de sus viajes a Panamá, sin que se haya sabido por cuenta de quién ni por qué, en otro proceso que sigue vivo en los juzgados.
Y hay más peligros para González. La investigación en curso sobre las responsabilidades de la mala gestión en Caja Madrid que, según evolucione el caso podrían llegar a afectarle, toda vez que aspiro a presidir la vieja caja e impuso en la entidad financiera el nombramiento de consejeros de su entorno familiar y político, como su cuñada Carmen Cavero.
Claro que en la Caja y en Bankia también hay otras personas cercanas a algunos hombres prominentes del PP madrileño que todavía están en primera línea política. Como Mayte Jiménez, la esposa del nuevo número dos del Gobierno regional Salvador Victoria, que fue nombrada consejera de Caja Madrid Pensiones en 2009 o Nieves Alarcón, esposa de Francisco Granadas que se sienta en ese mismo consejo desde 2008.
