La plataforma Coordinadora 25S no se ha quedado indiferente ante la multa de 6.000 euros que Cristina Cifuentes ha impuesto al convocante de la manifestación ‘Ocupa el Congreso’. Ante esta nueva ‘persecución’ que ha iniciado la delegada del Gobierno en Madrid, el colectivo ha anunciado que este domingo hará una asamblea en el Retiro para decidir si asume “colectivamente las consecuencias” de dicha protesta.
“El convocante del 25S lo hizo saltando el consenso colectivo”, por lo que ahora “toca debatir si asumimos colectivamente las consecuencias. El domingo en Retiro”. Así lo ha anunciado la plataforma en un comentario en su perfil de Twitter, donde también ha dejado claro que la medida adoptada por Cifuentes no va a frenar el nuevo calendario de movilizaciones que han preparado para los próximos días, y que les llevará de nuevo a las inmediaciones del Congreso el próximo 23 de octubre.
“El 23O empieza en el Congreso un simulacro de debate sobre los Presupuestos. Las decisiones ya han sido tomadas por poderes que nadie ha votado”. Por ello, “rodearemos el Congreso con nuestros debates, con propuestas y asambleas de las distintas mareas mientras dentro hablan de recortes”.
La movilización twittera de la Coordinadora 25S se produce horas después de que se haya conocido la decisión de la delegada del Gobierno, que ha sorprendido al colectivo porque esperaba que Cifuentes abriese una investigación para depurar responsabilidades por las cargas en vez de arremeter contra los ciudadanos.
Según ha indicado a EL BOLETÍN una portavoz de la plataforma, ella considera que la multa que ha impuesto la Delegación del Gobierno a R.O.G.R, la persona que le notificó oficialmente esta protesta, “es una pasada” y se ha mostrado firmemente “en contra”.
El departamento que dirige Cifuentes ha recurrido al artículo 4.2 de la Ley Orgánica 4/1983 reguladora del Derecho de Reunión (4/1983), y se ha amparado en la responsabilidad de los organizadores para garantizar la seguridad de la manifestación y en la desobediencia a las Fuerzas de Seguridad para abrir este proceso.
Según la portavoz del 25S, “quedó bien claro quién provocó los incidentes” durante la manifestación. “Cifuentes está en la obligación de abrir una investigación para esclarecer quiénes son los responsables, los verdaderos culpables, quién incitó a la violencia, y para eso hay muchos vídeos y muchas grabaciones”, ya que los medios retransmitieron la protesta en streaming.
Por ello, no comprende como en vez de eso, la delegada del Gobierno carga contra un “ciudadano que con buena voluntad fue a legalizar esta manifestación”. “Si legalizas una movilización, multa, y si no lo haces, multa también”, ha sentenciado esta fuente, que también considera que la medida de Cifuentes es “una persecución más de los movimientos sociales y de los ciudadanos que se manifiestan”.
El sancionado, que comunicó a título personal la celebración en Madrid de los distintos actos que implicaba la iniciativa, tiene un plazo de quince días para “presentar alegaciones y aportar cuantos documentos estime convenientes”, explica el documento que le ha hecho llegar este departamento. En él, se alude a “su responsabilidad en los hechos, como convocante” de la iniciativa ‘Ocupa el Congreso’.
