Madrid se quedará sin asistencia jurídica gratuita desde enero

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Madrid se quedará sin asistencia jurídica gratuita desde enero

El Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado en un comunicado que el Gobierno de la región que encabeza Ignacio González, tras 25 años en funcionamiento, suspenderá desde el 31 de diciembre los servicios de asesoría jurídica gratuita dirigidos a ciudadanos con escasos recursos económicos. Un instrumento del que en 2011 se beneficiaron más 163.000 madrileños.

La Comunidad de Madrid ha dado un paso más en sus recortes en la justicia gratuita. En medio de la lucha que mantiene con los Abogados del Turno de Oficio, el sucesor de Esperanza Aguirre ha roto de manera “unilateral” el convenio de orientación jurídica. Así lo denuncia el Colegio de Abogados de Madrid en una nota en la que anuncia que desde enero este servicio de orientación con el que se garantiza el derecho de defensa a los ciudadanos desaparece tras 25 años.

Una decisión que supone «una dejación flagrante de las obligaciones legales» en el proceso de transferencia de competencias y perjudica a las más de 163.000 madrileños que el año pasado acudieron a solicitar información y asesoramiento jurídico para conocer y hacer valer sus derechos ante los tribunales de justicia.

Según el Colegio de Abogados de la región, la situación «se agrava aún más», ya que el pasado de julio la Comunidad de Madrid dejó de prestar atención a los ciudadanos en las 27 oficinas judiciales distribuidas por todo el ámbito de su competencia y que atendían a más de 40.000 ciudadanos al año.

Por ello, los abogados acusan a Ignacio González de no ejercer «sus competencias en materia de asistencia jurídica» y no respetar «su propia normativa”. Y es que, tal y como recuerda este organismo en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía se incluye la necesidad de «acercar al ciudadano servicios y proporcionarle ciertas prestaciones asociadas a los mismos como son la orientación jurídica de carácter gratuito».

«Se incumple así una función pública de interés general especialmente obligada en una situación de crisis económica que incrementa dramáticamente las desigualdades entre los ciudadanos, en perjuicio siempre de los más necesitados», insisten en este comunicado.

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