Cristina Cifuentes no se rinde en su particular pulso con el 25S. A pesar de que la Audiencia Nacional exculpó a los convocantes de la movilización ‘Ocupa el Congreso’, la delegada del Gobierno en Madrid ha decidido no quedarse de brazos cruzados y ha iniciado un proceso contra la persona que le notificó oficialmente esta protesta, a la que ha impuesto una multa de 6.000 euros.
La Delegación del Gobierno ha querido dar un ‘toque de atención’ a los promotores del 25S ante la nueva convocatoria que ya corre como la pólvora por Internet para volver a las inmediaciones de la Cámara baja dentro de una semana, el día 23 coincidiendo con la jornada de votación de los Presupuestos. Para evitar un nuevo descontrol, ha jugado la carta de la sanción económica con el objetivo de frenar la nueva movilización.
Cifuentes ha impuesto a R.O.G.R una sanción que asciende a 6.000 euros. La Delegación recurre al artículo 4.2 de la Ley Orgánica 4/1983 reguladora del Derecho de Reunión (4/1983), y se ampara en la responsabilidad de los organizadores en la seguridad de la manifestación y en la desobediencia a las Fuerzas de Seguridad para abrir este proceso.
La delegada se ha basado también en el informe de la Jefatura Superior de Policía, que indica que todo transcurrió “con normalidad” hasta las 19:00 horas, cuando la situación se desbordó al iniciarse el lanzamiento de “objetos contundentes contra la fuerza pública, así como el derribo y desmantelamiento de las vallas que conformaban el perímetro de seguridad…”.
En este sentido, subraya el departamento dirigido por Cifuentes, la parte convocante no adoptó las medidas de seguridad necesarias para haber evitado el vandalismo y el enfrentamiento con los agentes policiales, lo que puede ser “constitutivo de una infracción administrativa calificada como grave”.
El sancionado, que comunicó a título personal la celebración en Madrid de los distintos actos que implicaba la iniciativa, tiene un plazo de quince días para “presentar alegaciones y aportar cuantos documentos estime convenientes”, explica el documento que le ha hecho llegar la Delegación. En él, se alude a “su responsabilidad en los hechos, como convocante” de la iniciativa ‘Ocupa el Congreso’.
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