La herencia de Esperanza Aguirre está más presente que nunca en la Comunidad de Madrid. La ‘lideresa’ decidió permitir que los escolares llevasen tupper al colegio con la condición de que pagasen unos 3 euros, una medida que ha mantenido el nuevo presidente autonómico, Ignacio González, y que convierte a Madrid en la única región en cobrar por la tartera. Valencia ya se ha desmarcado de esta propuesta mientras que en Cataluña ha quedado ‘olvidada’ debido al adelanto electoral.
Madrid se ha quedado sola con su decisión de cobrar a los alumnos de la pública que en vez de comer el menú escolar opten por llevar la fiambrera desde casa. La Consejería de Educación regional, que dirige la que fuese ‘protegida’ de Esperanza Aguirre, Lucía Figar, ha impuesto esta modalidad en las instrucciones de inicio de curso, aunque no ha legislado sobre la forma en que los centros deben aplicarla.
Lo que sí ha dejado claro es que se cobrará por el tupper, lo que ha obligado a los colegios a hacer sus propias normas para admitir la comida casera. Algunos centros de la Comunidad ya se han puesto manos a la obra, como el C.E.I.P. Fernando de los Ríos en Las Rozas, que ha remitido una circular en la que informa a los padres de las condiciones para acceder a esta modalidad.
Según la misiva, a la que ha tenido acceso EL BOELTÍN, “el Consejo Escolar del Centro no comparte esta opción de traer comida elaborada en casa, debido a que la Administración no ha dotado a los centros de las condiciones, instalaciones y medios que establece la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición( Ley 17/2011 de 5 de julio) a la que, paradójicamente sin embargo, debemos atenernos”. Por ello, y como no pueden garantizar los dictados de dicha ley, han decidido poner sus propias condiciones para admitir el tupper.
Entre ellas, que los padres o tutores los alumnos firmen un documento “eximiendo de toda responsabilidad al Centro y en particular a este Órgano de gobierno y a los monitores y empresa Arce, en caso de producirse una intoxicación alimentaria”.
Tras ello, se dan una serie de pautas de obligado cumplimiento sobre el menú, y el centro finaliza esta carta anunciando que los alumnos que opten por esta modalidad tendrán que abonar 3 euros, de los cuales dos se pagan en concepto de “monitores y seguro de responsabilidad de empresa Arce y médica” y el restante por el “uso de menaje, limpieza y gestión de comedor”.
De esta forma, los colegios madrileños serán los únicos que cobren, ya que en Valencia los centros públicos se han desmarcado de esta propuesta. Según han reconocido fuentes de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia a este diario, ningún colegio público permite llevar la comida de casa.
Ante la decisión del Gobierno de Alberto Fabra, que se ha desentendido de esta medida y ha dejado en manos de los centros y de los padres su aplicación, los colegios han decidido no aplicarla por la falta de regulación al respecto y por no contar con las condiciones necesarias para garantizar la salubridad de los alimentos.
Es más, la FAPA de Valencia se ha mostrado en contra del tupper porque el menú escolar educa en una alimentación sana y variada, algo que no se puede garantizar si se trae la comida de casa.
Por su parte, Cataluña, que en agosto anunció que permitiría a los escolares llevar la tartera al colegio a cambio de abonar una cantidad al centro, ha dejado esta propuesta en el congelador. El adelanto electoral decretado por Artur Mas ha hecho que el tupper quede en el olvido y que de momento no se haya avanzado ni regulado nada sobre esta posibilidad.
