El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policías (CEP) han cargado contra el delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, por su orden de no esposar a los detenidos en el ‘caso Palma Arena’. El primero en arremeter contra Socías ha sido el SUP que ha exigido su “cese o la dimisión” al dar una “orden ilegal”, según EFE. Según el sindicato mayoritario del cuerpo, una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre personas detenidas o bajo custodia policial establece que “es la policía quien debe decidir (…) la forma de realizar el traslado” y cómo llevar esposados a los arrestados.
El SUP no sólo exige la ‘salida’ de Socías, sino también la del jefe superior de Policía de Baleares, Bartomeu Campaner, que asumió las ordenes del delegado. La lista de ceses y dimisiones se completa con el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, que son “responsables indirectos” en este asunto. Ambos, según el sindicato, no han establecido un protocolo de actuación para paliar que las órdenes de los políticos prevalezcan sobre instrucciones escritas.
A estas críticas se ha unido la CEP que acusa a Socías y a Campaner de tener “intereses muy directos” en la investigación de estas detenciones, ya sea “por acción u omisión”. El sindicato policial ha advertido de que ni ambos mandos policiales ni el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, podrán “ventilar sus responsabilidades con la elección de un cabeza de turco” en referencia al comisario de Seguridad Ciudadana.
La Confederación Española de Policía no sólo ha centrado sus palabras en la responsabilidad de los mandos policiales, sino que, en declaraciones a EL BOLETIN, se ha preguntado “¿por qué se dejó entrar a los fotógrafos y las cámaras de televisión al patio interior de la Audiencia Provincial de Palma para que mostraran la imagen de los detenidos?”. Imágenes que muestran la “humillación” que sufrieron y por la que tienen que dar cuentas la propia Audiencia. “La Policía no es responsable de las decisiones del presidente de la Audiencia Provincial” han destacado miembros del sindicato.
