La decisión del Gobierno de excluir del sistema sanitario a los inmigrantes ilegales no deja de sumar ‘enemigos’. Ya son más de 800 los médicos que han manifestado su intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a estos pacientes. Además, la idea de Ana Mato de cobrar a los inmigrantes 710 euros al año por tener acceso a la sanidad pública ha sido duramente criticada por diversos colectivos.
Los médicos se han revelado contra el Ministerio de Sanidad. La iniciativa creada por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitario (Semfyc), que ha puesto a disposición de los facultativos un formulario para mostrar el rechazo del colectivo a la medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Esta organización, la más representativa de Atención Primaria con unos 22.000 socios, puso en marcha este registro el pasado mes de julio para recoger la voluntad de los médicos que quieran objetar. Y tras unas semanas de andadura ya son 823 los facultativos que se han sumado a la iniciativa contra el real decreto del Gobierno, que “deja sin prestación sanitaria a personas que hasta ahora habíamos atendido en nuestras consultas”.
El documento se enviará al Colegio de Médicos Provincial, al Servicio de Salud correspondiente (excepto Andalucía, Asturias, Cataluña y País Vasco, que han anunciado su intención de seguir prestando atención a los “sin papeles”), a la Organización Médica Colegial (OMC) y a la sociedad federada correspondiente (en caso de ser socio de la Semfyc).
Aunque estas no son las únicas voces que se han alzado contra la medida de Sanidad. Tras conocer la intención de la ministra Ana Mato de cobrar 710 euros al año a los inmigrantes irregulares por acceder al sistema público diversas asociaciones de inmigrantes han puesto el grito en el cielo al considerar que esa cantidad es “una fortuna para un sin papeles” y obliga al colectivo a no enfermar.
